«Francisco Cardama S.A. ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales. Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes», comunicó el astillero español este domingo 26. «Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas», agregó.
Como se recordará, el miércoles 22 el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, en Montevideo, que rescindiría el contrato con el astillero Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas tras constatar «fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo».
Sostuvo que se trata de una compañía de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida. «Este astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto», apuntó.
Informó que el mismo «continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato». Aseguró que «las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración».
Por lo tanto, añadió, que no se le puede imputar cualquier incidencia relativa a las mismas. Subrayó que no se ha ocasionado perjuicios a la Administración uruguaya, al tiempo que «se ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra».
En otro pasaje, indicó que a fin de ofrecer plena tranquilidad a la Administración, y si fuera necesario, Cardama se compromete a sustituir la garantía de fiel cumplimiento -equivalente al 5% del contrato- por una nueva que cumpla con las características que se consideren adecuadas.
La firma reconoció que las recientes declaraciones públicas realizadas por representantes del Poder Ejecutivo generaron un «impacto reputacional negativo e injustificado» para el astillero. Ello, también afectó la percepción de confianza de sus proveedores. Reiteró que «no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la Administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente».
Dijo confiar en que factores ajenos al proceso constructivo continúen afectando el desarrollo del contrato, al tiempo que llamó al «diálogo inmediato y constructivo para superar diferencias y encauzar el proyecto».
En el cierre, Cardama anticipó que si esta instancia no se da, «la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protecciónde sus legítimos derechos e intereses».