«Uruguay sigue sin ratificar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, de 2001», señaló la presidenta en Uruguay del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), Adriana Careaga.
Las palabras de la especialista tuvieron lugar tras participar de una conferencia sobre Patrimonio Subacuático que organizó la Liga Marítima Uruguaya el viernes 7 en su sede, en Montevideo, junto a los investigadores Rodrigo Torres, Juan Núñez, Matías Dourteau y Sebastián Tito, del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Udelar.
En esta convención, los estados parte se comprometen a preservar el patrimonio cultural subacuático como naufragios, ciudades sumergidas y otros sitios arqueológicos. Se prioriza la conservación in situ del mismo, en oposición a la explotación comercial, y previniendo el saqueo y el tráfico ilegal.
Careaga recordó que en 2022 ingresó al Poder Legislativo para su tratamiento un proyecto del Poder Ejecutivo, de artículo único, que proponía la aprobación de la convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
«Hay voces encontradas respecto a la convención», reconoció. Indicó que la extracción y el manejo de las piezas, los beneficios que se pueden otorgar y la gestión, son los puntos más álgidos para su ratificación.
La Carta Internacional sobre la Protección y la Gestión de Patrimonio Cultural Subacuático, de 1996, de Icomos, aporta un marco legal y jurídico, afirmó la entrevistada. En su introducción el documento señala: «El patrimonio cultural subacuático contribuye a la formación de la identidad y puede servir para afirmar el sentido de pertenencia de los miembros de una sociedad. Si se administra con sensibilidad, el patrimonio cultural subacuático puede jugar un papel positivo en la promoción de la recreación y el turismo».
En ese sentido, Careaga aseveró que la mirada actual predominante sobre los monumentos y sitios es vinculada a las personas. «No es el sitio por el sitio en sí, sacralizarlo, sino que la gente sepa que está allí, se apropie, ver qué valor le otorga, y eso se logra a través de la educación», analizó. En ese sentido, destacó el trabajo de difusión en el área que realiza el CURE.
Afirmó que, en materia legal, «el país está en un debe muy grande con respecto a la región». Recordó que el artículo 34 de la Constitución de la República expresa: «Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa». En su consideración, esto resulta insuficiente.
Además, «el nivel de recursos para patrimonio es pésimo», sentenció. Esto, a pesar de que el artículo 3 de la Ley número 14.040, vigente desde 1971, señala que la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación habrá de financiarse con el 4% de la utilidad líquida que obtengan los casinos del Estado y partidas que le asigne el Presupuesto General de Gastos, además de herencias, legados, donaciones y proventos.
Añadió que el ámbito académico aguarda, desde hace varios años, que se apruebe una nueva Ley que reemplace a la anterior y que debe ser actualizada.
Reconoció que el Día del Patrimonio moviliza a un número importante de personas a nivel nacional y sin embargo, los recursos otorgados a la gestión de los bienes declarados Monumento Histórico Nacional, son escasos. Esto, lleva a cuestionarnos qué lugar se le da al patrimonio en cuanto a voluntad política y también a asignación de recursos humanos y económicos, analizó.
«Podemos hablar de patrimonio pero la voluntad debe materializarse, no con retórica sino con la asignación de recursos humanos y económicos», evidenció. Tenemos que ver de dónde vienen esos recursos y como se asignan y si van directamente a donde tienen que ir», evidenció Careaga.