La decisión del Gobierno de rescindir el contrato de construcción de dos patrulleras oceánicas que realiza el astillero español Cardama, fundada en temas administrativos de la garantía, es una «irresponsabilidad que afecta directamente la credibilidad del país», sentenció una declaración del directorio del Partido Nacional.
La decisión demuestra falta de criterio jurídico elemental y expone al país a demandas, además de demostrar intencionalidad alejada de las mejores prácticas jurídicas y lealtad institucional que atenta contra el principio de buena fe, analizó el documento fechado el lunes 27.
El cuerpo respaldó unánimemente la actuación de los ex ministros de Defensa Nacional pertenecientes a esa colectividad política, Javier García y Armando Castaingdebat, quienes llevaron adelante con sus equipos, una «política de respeto y respaldo institucional a las Fuerzas Armadas» y de «modernización de sus equipamientos en beneficio del país» y de su seguridad.
Calificó la decisión como «grave» en la medida que dejará a Uruguay en los próximos años sin poder custodiar el mar frente a las amenazas del crimen organizado y el robo de las riquezas del mar uruguayo. Ésto, a menos de un año de recibir el primero de los dos buques que demandarían US$ 92 millones.
Añadió que la necesidad de patrulleras oceánicas es un reclamo de la Armada Nacional desde hace 20 años y anticipó que la bancada parlamentaria del Partido Nacional interpelará a la actual ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por su responsabilidad política en la materia.