“Estoy absolutamente convencido de que la Ley de Puertos de 1991 fue un gran logro de la administración del presidente Luis Lacalle Herrera”, afirmó a Altamar News el ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Edison González Lapeyre. El entrevistado, rememoró que la concreción de la misma tuvo como protagonista al entonces ministro de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas, quien, en el proceso, consultó a todos los actores vinculados a la actividad portuaria, incluso a él.
“Sobre esa base, se logró una Ley que permitió cambios radicales favorables en lo que estaba pasando en el puerto de Montevideo, que por entonces, era considerado puerto sucio”, en el entendido de que diversos aspectos contribuían para que su operativa fuera lenta e ineficaz. Desde entonces, “comenzó a tener una nueva dinámica de desarrollo en base a las inversiones privadas”, aseveró.
“Querer modificar ahora la Ley de Puertos parece poco acertado, en especial, si se pretende incorporar a las terminales portuarias privadas a un régimen que esté bajo la conducción y supervisión de la ANP”, cuestionó el ex catedrático de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Udelar y de Derecho Marítimo y Portuario de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
«Querer modificar ahora la Ley de Puertos parece poco acertado»
González Lapeyre señaló que esta posibilidad está expresada en el documento “Los Puertos del Uruguay en Clave de Desarrollo”, que la integrante del directorio de la ANP, en representación de la oposición, Alejandra Koch elaboró en colaboración con el ex presidente del organismo, Alberto Díaz.
Citó a modo de ejemplo la terminal de Navios South American Logistics en el departamento de Colonia. “¿Navíos, que ha invertido cientos de millones de dólares en el puerto de Nueva Palmira y que va a seguir creciendo y lo seguirá haciendo para desarrollar un instituto universitario en esa ciudad (ver nota del 19 de diciembre) va a permitir que su empresa sea conducida por la ANP, por un político que puede no tener experiencia (en el área)?”, expuso.
González Lapeyre explicó que constituye un error modificar la Ley de Puertos con ese propósito porque, de ese modo, se estaría violando la seguridad jurídica a la que tienen derecho las empresas que operan en terminales portuarias privadas. Navíos y otras, que operan en nuestros puertos, tienen el derecho de que se respete el ordenamiento jurídico que ha regido hasta ahora su operativa. Modificarlo sería afectar no solo la seguridad jurídica sino los derechos adquiridos que tienen las empresas, cambiando las reglas de juego. A su vez, esto desestimularía la operativa y la posibilidad de nuevas inversiones.