Barco en muelle del puerto de MontevideoPuerto de Montevideo | Foto Altamar News
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El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se refirió este martes 1º. a la situación de los arbitrajes iniciados contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la firma chilena Neltume Ports y la canadiense ATCO, accionistas del grupo Montecon.

Díaz participó junto a las ministras de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva tras el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Yamandú Orsi.

El Observador informó ayer que Neltume Ports resolvió retirarse del arbitraje iniciado contra Uruguay ante el Ciadi en una decisión “irrevocable” que ya fue comunicada al Poder Ejecutivo. La misma fue adoptada luego de varios pedidos de aplazamiento para el comienzo de la demanda, consignó.

Perjuicios económicos

Como ya reseñó Altamar News, en mayo de 2024, ambas compañías notificaron formalmente al Estado uruguayo el inicio de arbitrajes internacionales ante la institución del Banco Mundial. La controversia se originó debido a los perjuicios económicos sufridos por la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata, a la belga Katoen Natie, hasta 2081.

Los inversores de Montecon cuestionaron las medidas del Gobierno de Uruguay porque atentaban contra la libre competencia de los operadores portuarios de Montevideo y establecía un monopolio de hecho a favor de la terminal especializada de contenedores.

Entendieron, además, que el Estado violó acuerdos bilaterales sobre inversiones entre países. En el caso de Neltume Ports, que posee el 60% del paquete accionario, inició acciones legales por el monto de US$ 600 millones y ATCO, que cuenta con el 40% restante, hizo lo propio por US$ 240 millones. Ambos litigios, sumaban US$ 840 millones.

En agosto de 2025, el gobierno uruguayo y Montecon acordaron suspender dichas acciones y abrir un período de negociación que venció el 12 de enero, antes de resolver una extensión de la suspensión por un plazo de 90 días.

Finalización de arbitrajes sin condiciones

Díaz explicó que ambos arbitrajes internacionales avanzaron en distinto grado y señaló que el Gobierno trabaja para “definir y liquidar” ambos arbitrajes a la brevedad. Remarcó que en el proceso el país no asumirá compromisos ni condiciones de ningún tipo.

“Este proceso de finalización de los arbitrajes implica que Uruguay pueda, de alguna manera, liquidarlos, pero sin condiciones de ningún tipo”, afirmó. La única excepción estará vinculada a determinados reclamos por costas y costos, apuntó.

Díaz destacó, además, que la finalización de los arbitrajes conllevaría perjuicio, lo que implica que las empresas que promovieron las demandas se comprometerían, una vez que concluya el proceso, a no iniciar nuevos procedimientos legales contra Uruguay por estos asuntos.