«Hoy la situación es de expectativa e incertidumbre. Estamos suspendidos en la categoría de operador portuario aunque la concesión está vigente», informaron desde Lobraus Puerto Libre S.A., ante el requerimiento de Altamar News.
La empresa de operaciones logísticas, de origen estadounidense, se instaló en Uruguay en 2003 procurando proyectarse como puerta de entrada al Mercosur y América del Sur.
Tras la resolución de la Dirección Nacional de Aduanas, del 11 de diciembre pasado, que clausuró su habilitación como operador portuario, la compañía cumple con el plazo de 60 días para el retiro total de mercaderías almacenadas en su depósito y la prohibición de nuevos ingresos en el puerto de Montevideo.
La determinación se materializó luego de resoluciones e intimaciones previas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por reiterados incumplimientos que derivaron en una deuda de casi US$ 590.000, por concepto de canon, y que incluye multas e intereses.
En la actualidad, el depósito se encuentra semivacío. La mercadería que aún no fue retirada es de clientes que, por sus características, tuvieron dificultades para conseguir espacio en otros depósitos, reconoció. En las instalaciones se mantiene una guardia de siete trabajadores en depósito y oficinas, mientras los 50 restantes fueron enviados a seguro por desempleo, agregó.
Lobraus cuestionó que hasta el momento no recibió formalmente notificación de la disposición de Aduanas. Además, que revirtió la mayor parte de los dictámenes recibidos de la ANP porque presentan errores, no respetan el debido proceso y omiten etapas del proceso jurídico, aseguró.
Indicó que una representación que incluyó al presidente de la compañía, Renato Ferreira, mantuvo el año pasado una agenda de reuniones con reparticiones del Estado, que incluyó los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Trabajo y Seguridad Social y ANP. En el caso del MTOP, se le presentó, además, tres propuestas conciliatorias para evitar el desenlace descripto.
La firma anticipó que inició contactos con una firma de abogados estadounidense, previendo promover un juicio internacional, en el entendido de que se vulneró el Tratado de Protección de Inversiones vigente entre ambos países.
El puerto montevideano no estaba preparado para una situación inédita como la descripta, lo que genera un precedente y cuestiona la seguridad jurídica del país, sentenció Lobraus.