La ampliación de zonas de fondeo, cables submarinos, áreas marinas protegidas e hidrógeno verde amenazan la actividad pesquera, según expresó el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), Ricardo Piñeiro.
Durante las “Jornadas Nacionales de Derecho Marítimo”, el miércoles 4, en Montevideo, el directivo destacó la soberanía que ejerce la flota pesquera nacional en el Río de la Plata y en la Zona Común de Pesca, en el Frente Marítimo.
“Cuando están los pesqueros uruguayos en la zona (es posible ver en el radar que) los brasileños se retiran y cuando avanzamos ellos retroceden”, relató. “Es una dinámica diaria y un reflejo de que la pesca es el mejor control para la soberanía uruguaya en el mar”, reiteró.
«La pesca es el mejor control para la soberanía uruguaya en el mar», Ricardo Piñeiro (CAPU)
En su análisis, informó que el sector debe convivir con otras actividades como las zonas de fondeo. Recordó que las originales de Alpha, Bravo y Charly, en el Río de la Plata, se fueron ampliando desde la pandemia y ocupando zonas habituales para la pesca, lo que ha entorpecido la actividad. A esto se suma el conglomerado de buques que aguardan ingresar a Montevideo o Buenos Aires y que exceden las zonas determinadas para el fondeo. CAPU expuso tiempo atrás a la autoridad portuaria la necesidad de crear una nueva zona, que se llamaría Zona U, pero no prosperó.
Los cables submarinos también constituyen una dificultad adicional al desarrollo de la actividad. En este sentido, señaló que la reglamentación existente prohíbe pescar a una milla de cada lado de los cables que van enterrados un metro debajo de la superficie del fondo del mar. Por otra parte, cada vez son más, alertó.
Dijo que el primero en instalarse fue el SAm-1. que desde 2000 conecta Estados Unidos con varios países sudamericanos. Indicó que durante 10 años las flotas de Uruguay y Argentina pescaron sin inconvenientes encima del mismo. Si bien surgieron accidentes éstos se produjeron por pesqueros que operan a más de 1.000 metros de profundidad, y “engancharon” alguno de estos cables, pero que no pertenecían a la flota de nuestro país.
Los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de áreas marinas protegidas asoman como otro asunto de fricción con la actividad pesquera. Piñeiro sostuvo que al 2030 el 30% de las áreas marinas tienen que ser declaradas áreas protegidas. A este respecto, manifestó que en el mundo las áreas marinas protegidas se han manejado como áreas de exclusión para la pesca y otras actividades.
Fundamentó experiencias en otros países, como México, en donde la falta de controles facilitó el accionar de organizaciones delictivas que realizan pesca ilegal en esas áreas. Ante esto, el expositor se refirió a que la cámara que encabeza promueve áreas gestionadas en su totalidad.
“Las áreas que se procuran proteger pueden sustentar actividades pesqueras controladas”, antepuso. «Son los propios pescadores los interesados en que se protejan esas áreas y su biodiversidad porque no nos interesa afectar esos recursos», subrayó.
Los proyectos de hidrógeno verde también generan áreas de exclusión pesquera, observó. Esta fuente energética renovable consiste en la generación de hidrógeno por electrólisis a través de generadores instalados en el mar, donde su rendimiento se multiplica cinco veces. Por la información disponible hay proyectos a estudio del Poder Ejecutivo que ocuparían vastas zonas marítimas donde se realiza actividad pesquera, lo que generaría perjuicios difíciles de establecer.