Nuestro tiempo está marcado por dos imperativos que frecuentemente entran en conflicto. Por un lado, el crecimiento de la producción, para satisfacer las necesidades de una población en aumento, pero también en aras de un crecimiento económico aparentemente ilimitado, que se postula como condición indispensable del desarrollo y la mejora de la calidad de vida. Por otro, la necesidad, que también aparece como impostergable, de proteger el medio ambiente y salvaguardar los recursos naturales.
Si se quiere ampliar los horizontes en el desarrollo del sector pesquero, tal como venimos proponiendo en los tres artículos anteriores, se debe tratar de minimizar esos conflictos entre producción y ambiente.
La tensión que se ha generado entre estos dos sectores no es un tema exclusivo de la pesca o de los recursos marinos, ni del Uruguay. Es un tema en la agenda global y abarca a todos los recursos, energéticos, agrícolas, ganaderos y pesqueros, entre otros.
Tratar de resolver esa tensión, que genera contradicciones, confrontaciones y un gran gasto de tiempo y energía, plantea un desafío enorme que afecta tanto a los países empobrecidos1 como a los países enriquecidos1.
En el caso de los recursos hidrobiológicos, se suma que los mismos se encuentran, generalmente, en un territorio que es propiedad del Estado, en el que la explotación por parte de actores privados se da en el marco de concesiones temporales y revocables. Por otra parte, al estar en un territorio “común”, la actividad pesquera debe compartir el espacio con otros grupos de interés (transporte, comunicaciones, hidrocarburos, etc.).
Este solapamiento de actividades requiere una gran coordinación y comunicación para permitir un balance y que primen intereses a nivel nacional y con una mirada a largo plazo, ya que la diversidad de actores roza y superpone regulaciones y competencias de diversos organismos.
A continuación, desarrollaremos algunos aspectos que, a nuestro juicio, permitirían generar acuerdos entre producción y ambiente que pueden dar respuesta, aunque sea parcial, a las miradas y necesidades de ambos enfoques.
Debemos pensar que los actores del área productiva quieren mantener su producción y, por lo tanto, realizar la actividad de manera compatible con las buenas prácticas y el asesoramiento científico y que los actores ambientales desean lo mismo, promoviendo la seguridad alimentaria y el empleo. Si partimos de esa base lo que nos resta es promover un trabajo conjunto.
Diálogo
Generar un ámbito de diálogo permanente tanto a nivel técnico como político es indispensable. Es la única manera de poder interpretar las miradas del otro y de conocer el alcance de las acciones y las necesidades que se tienen en las diferentes organizaciones. Esta instancia de diálogo, si bien debe de ser amplia y abarcar las diversas organizaciones e instituciones relacionadas a los temas en cuestión, debe de tener también un ámbito reservado para los organismos estatales.
Muchas organizaciones, por supuesto las públicas, o las académicas y profesionales tienen una representatividad y un mandato que es visible y transparente. Por el contrario, en el caso de las ONG o de ciertos grupos de presión (“lobbies”), muchas veces es difícil determinar su representatividad social, cuáles son sus verdaderos objetivos, de dónde provienen los fondos que los sustentan, etc. A menudo provienen de grupos de interés por lo cual invalida la participación en algunos procesos. Por lo tanto, se debería buscar un mecanismo para evaluar la participación de dichos grupos en estas instancias de diálogo o, al menos, sujetar su intervención a que se transparenten dichos aspectos.
Comunicación y consulta
En temas marinos existe una gran cantidad de convenios y organizaciones internacionales que tienen cometidos e intereses, a veces superpuestos, tanto en aspectos ambientales como productivos. Los compromisos que se adoptan en una organización, basados en un interés determinado, muchas veces influyen en otros grupos de interés. Es imprescindible tener una agenda compartida y una comunicación fluida entre los organismos del estado que tienen competencias en ambos sectores.
Algunos ejemplos para ilustrar esta tensión:
Uno de los acuerdos que influye en forma fundamental en las políticas del Ministerio de Ambiente (MA) y del cual es punto focal, es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Dicho convenio adoptó en 2022 veintitrés metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. En este contexto, el MA elaboró la Estrategia Nacional de Biodiversidad y adoptó veintitrés metas nacionales.
Entre sus acciones y objetivos se encuentran: la planificación espacial marina; planes de restauración de ecosistemas costeros; 20% de la superficie terrestre y marina gestionada mediante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras medidas de conservación; sostenibilidad de la pesca mediante un fortalecimiento institucional y normativo; medidas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las actividades acuícolas y pesqueras, así como una serie de metas que refieren a la biodiversidad de forma genérica y que de alguna manera se relaciona con los recursos hidrobiológicos.
Cabe preguntarse cuánto trabajo conjunto entre los organismos de producción y el MA hay hoy en día, qué comunicación existe para definir las metas y/o proponerlas en la CDB.
Otro instrumento que solapa competencias y que tiene una importancia para ambos enfoques y que también tiene al MA como punto focal es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). CITES es un acuerdo que aplica regulaciones al comercio y transporte internacional de especies de fauna y flora silvestre y que, dependiendo del apéndice en el cual se ubique una especie, puede prohibir el comercio y en otros casos regularlo de forma tal que puede hacerlo inviable en función de los trámites y costos que conlleve. Como ejemplo, en 2022 se incluyó el tiburón azul (Prionace glauca), una especie que llego a ser de las más importantes en el procesamiento de las plantas pesqueras del Uruguay.
Estos son ejemplos de organizaciones donde en determinados momentos se superponen intereses. Sin embargo, los integrantes del área productiva no participan y pocas veces se les consulta. Incluso, en algunos casos, cuando se trata de especies marinas o acuícolas se adopta una postura contraria a la que el organismo competente, en este caso DINARA/MGAP, promueve.
En junio de 2023 se adoptó el acuerdo relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (“Acuerdo BBNJ”, por sus siglas en inglés). Este acuerdo vinculante es el más importante después de la CONVEMAR y tiene implicancias enormes para el sector pesquero. Comenzó en 2004 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas (NU) decidió establecer un Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición Abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Las negociaciones por parte de Uruguay fueron lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tuvieron como asesor principal al MA y en algunas ocasiones a la DINARA/MGAP. En ningún caso hubo una participación de la DINARA/MGAP en la delegación de Uruguay que participo en UN.
Son muchos los acuerdos y organizaciones en las cuales Uruguay participa y hay competencias solapadas (CMS, CBI, ACAP, GEF, etc.). Debería existir un ámbito de comunicación y consulta interinstitucional, para tener una participación que refleje la diversidad de intereses (MRREE, MA, MGAP, MIEM, MTSS, entre otros) y en el caso de nuestra preocupación, los intereses del sector pesquero en su conjunto.
Otro aspecto no menor, y que en alguna manera influye en los puntos siguientes, es el financiamiento. Muchas de estas organizaciones otorgan fondos para desarrollo de capacidades, investigación, mejora en la gestión, entre otros, que quedan en manos de los organismos que son puntos focales y que apoyan las miradas propias, haciendo que las mismas se vuelvan cada vez más hegemónicas
Investigación
Independientemente de los intereses, más ambientales o pesqueros, la investigación tiene puntos de concordancia y. no solo se puede desarrollar de forma compartida, sino, que se pueden y deben compartir los datos para una mejor economía. Sin embargo, existen algunos elementos que han sido parte del debate y que pueden ser conflictivos.
Los datos por sí solos no son ni buenos, ni malos, ni favorables o perjudiciales, representativos o menores. Lo que hace a los datos es el análisis y los resultados, el objetivo de la investigación y la conclusión de la misma. Acá entramos en un universo de múltiples intereses y aproximaciones cuyo análisis dejaremos para otra oportunidad.
Lo que hay que tener presente es que cierta información, analizada y presentada de determinada manera puede favorecer o perjudicar intereses nacionales y que hacerlo no necesariamente es un acto de honestidad intelectual ni favorece la lentinción1 de las especies referidas o del ecosistema. Igual así entendemos que hay un ámbito para compartir la investigación sumando ambas miradas (ambiental y productiva) y que hay muchos ejemplos de referencia.
Gestión basada en la ciencia
La ciencia debe primar en la gestión de la producción y del ambiente y debemos generar la mayor masa crítica, para poder evaluar la mejor ciencia. Esto vale para todas las aproximaciones y debería centrarse la discusión con esta base. Si, en su caso, primara un aspecto político, ya sea este económico, de relaciones internacionales o filosófico o cualquier otra índole, este debería explicitarse y fundarse.
Como ya lo dijimos en un artículo anterior, la educación es un pilar fundamental en el cual se debe centrar cualquier desarrollo pesquero.
El crecimiento de actividades no pesqueras en el espacio marítimo —como la exploración y explotación de hidrocarburos, la instalación de cables submarinos, parques eólicos marinos, entre otros— genera crecientes conflictos por el uso del mar. En ese contexto, la pesca artesanal o industrial puede verse desplazada o limitada, aun cuando tenga antigüedad, arraigo territorial y un importante valor socioeconómico. Por lo tanto, se deben de plantear todos los escenarios con base científica y no ejercer el predominio basado en la condición circunstancial que pueda tener una institución o grupo de interés, las decisiones en muchos casos son por términos largos y pueden afectar a otros grupos de forma muy severa.
Habría que considerar también en el futuro, en la gestión, a las ciencias sociales e incorporar los “derechos históricos” de la pesca, que puedan servir como base legal, política y ética para exigir medidas de compensación, mitigación o reordenamiento, entre otras.
Sobre los columnistas
Andrés Domingo. Científico uruguayo con experiencia en gestión de pesquerías.
Santiago Díaz. Veterinario, especialista en inocuidad y tecnología de productos pesqueros.
Sergio Colo. Patrón de pesca y dirigente gremial.
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- Lentinción: enlentecimiento de la extinción. LENTINCIÓN: CAPITALISMO Y CONSERVACIÓN. Domingo A. (2016). https://www.researchgate.net/publication/308023664_Reflexiones_acerca_de_la_investigacion_y_conservacion_de_las tortugas_marinas ↩︎