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El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, recibió el lunes 30 al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y al presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli.

El encuentro se desarrolló en el marco del conflicto de la pesca, que desde hace un mes paralizó la salida de una treintena de barcos costeros en el período de zafra que se extiende de mayo a octubre.

En el intercambio el Poder Ejecutivo propuso incorporar a las tripulaciones de los buques estudiantes de marinos mercantes de la Escuela Técnica Superior Marítima de la UTU como mecanismo que permita destrabar el conflicto.

Así lo informó el ministro Juan Castillo el lunes 30 en rueda de prensa y lo ratificó Riva-Zucchelli, en diálogo con Altamar News.

Tras una asamblea del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma)  que tuvo lugar el 18 de junio, en Montevideo, esa entidad gremial resolvió que las embarcaciones de la pesca nacional que mantengan incumplimientos con sus trabajadores, o no se encuentren al día con las obligaciones salariales y laborales, deben regularizar su situación, antes de zarpar.

Además, reiteró la necesidad de incorporar a un nuevo tripulante competente para realizar las guardias y así atender el derecho al descanso y la seguridad de las tripulaciones.

«No podemos subir un tripulante más (a un buque) porque (la ecuación económica) sería inviable»,  afirmó Riva-Zucchelli. Además, recordó que existe un convenio vigente entre las cámaras empresariales y el gremio que se ha violado porque se debería estar trabajando, analizó. 

Agregarle más costo a la operativa de los barcos no hace rentable el negocio, porque una desición de ese tipo implica adaptar las naves para un nuevo tripulante, significa mayor volumen de comida y se haría necesario ampliar la capacidad de las balsas que mayormente están pensadas para nueve tripulantes, explicó Riva-Zucchelli.