Montevideo Container Terminal (MCT) surge de la convicción de que Uruguay puede consolidarse como plataforma logística de la región. La empresa propone una terminal especializada en contenedores, levantada sobre 38 hectáreas ganadas al mar y con infraestructura propia. La inversión rondaría los US$ 900 millones, repartidos en dos fases, y generaría cerca de 1.800 puestos de trabajo durante la construcción.
La compañía chilena, inversora mayoritaria de Montecon, responde así en una declaración pública a las afirmaciones difundidas en los últimos días sobre la legalidad del emprendimiento. Aclara que el proyecto fue presentado dentro del marco jurídico vigente y que corresponde a las autoridades uruguayas evaluarlo y resolver. Su meta, apunta, es posicionar a Montevideo como un centro regional de cargas y duplicar los volúmenes en los próximos años.
El argumento central se apoya en la sentencia número 719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), del 17 de diciembre de 2025. El fallo anuló la cláusula 3.5.4 del régimen de gestión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), aprobado por el decreto 114/021, que limitaba la posibilidad de conceder otras terminales especializadas en contenedores. Para Neltume, con esa disposición anulada, el Estado ya no tiene esa restricción para otorgar nuevas concesiones.
La empresa subraya que la ANP, TCP y las compañías del Grupo Katoen Natie, Nelsury y Seaport Terminal Montevideo, fueron parte del proceso, por lo que quedan alcanzadas por lo resuelto. Agrega que el tribunal consideró que la cláusula violaba la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia número 18.159, una norma de orden público que protege a usuarios y consumidores, entre ellos navieras, importadores y exportadores.
Neltume establece que la sentencia también marca que el Estado debe ejercer sus potestades procurando la libre competencia y evitando monopolios de hecho. La empresa ve en ello un principio coherente con el espíritu de MCT: sumar infraestructura y alternativas al sistema portuario y mejorar las condiciones de servicio. Recuerda además que el fallo declaró legítimo que Montecon y otros operadores autorizados trabajen con contenedores en muelles públicos mediante grúas móviles.
Cláusula de estabilidad jurídica, el punto más sensible
Uno de los puntos más sensibles es la cláusula de estabilidad jurídica del acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, que pudo ser interpretada como un obstáculo para una nueva terminal. En ese sentido, Neltume sostiene que esa cláusula podría proteger, bajo ciertas condiciones, frente a cambios normativos posteriores a la firma. No obstante, considera que la situación es distinta: la nulidad declarada por el TCA es de pleno derecho y opera desde el origen de la cláusula, que entiende contraria al ordenamiento jurídico de entonces.
En la misma línea, la empresa afirma que el tratado de inversión aplicable solo ampara inversiones realizadas conforme a la legislación uruguaya, y que ningún acuerdo que viole el orden público del país receptor tiene protección. Califica de “inverosímil” sostener una actividad portuaria de interés público hasta 2081 en contravención de ese orden público, y de “ilegítima, injusta e inequitativa” cualquier expectativa en sentido contrario.
Neltume cierra recordando que opera en el puerto de Montevideo a través de Montecon desde el año 2000, y presenta su propuesta como una apuesta de largo plazo. Desde esa experiencia dice que ve una oportunidad concreta para recuperar carga y reforzar la posición logística del país. Su planteo final es sumar infraestructura, capacidad, competencia e inversión para el crecimiento del puerto y del comercio exterior uruguayo.