El abogado especializado en Derecho Marítimo y docente Alejandro Sciarra advirtió que un eventual acuerdo en el conflicto entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato portuario debería estar acompañado de garantías que aseguren la continuidad de los servicios en el puerto de Montevideo.
Desde su perspectiva, para los armadores el problema no es solo alcanzar una solución al conflicto actual, sino contar con la certeza de que las operaciones podrán desarrollarse con normalidad en el futuro.
“Si mañana firman un acuerdo, que va a ser festejado por lo menos por el Gobierno, no sé cuál va a ser el costo para el país”, señaló Sciarra, en diálogo con Altamar News. “¿Alguien puede garantizarle a un armador que su barco va a entrar, operar normalmente, comenzar a cargar y descargar de forma completa, y retirarse sin inconvenientes?”, se preguntó.
Sciarra sostuvo que la incertidumbre sobre la operativa portuaria puede afectar la capacidad de Montevideo para captar servicios marítimos regionales. Recordó que el sistema portuario uruguayo fue concebido para atender el comercio exterior nacional y captar cargas de los países de la región.
Asimismo, consideró que detrás de la actividad portuaria existe una amplia cadena de empresas y trabajadores vinculados a los buques, la logística y los servicios marítimos, que también se ve afectada por estas situaciones.
Ley de Puertos
El entrevistado reivindicó el principio establecido por la Ley de Puertos N.º 16.246, conforme al cual deben prestarse servicios eficientes y competitivos las 24 horas del día, todos los días del año, cuando la demanda lo requiera.
Indicó que la actividad portuaria tiene una importancia que trasciende a las empresas directamente involucradas en un conflicto, debido al impacto que genera sobre otros trabajadores y el comercio exterior uruguayo. “El servicio portuario es de interés nacional. La propia existencia del país depende del puerto”, remarcó.
Sciarra cuestionó la efectividad de los servicios mínimos dispuestos durante el conflicto. Sostuvo que, para un armador, no alcanza con garantizar parcialmente determinadas tareas si el buque no puede desarrollar su operación completa. “Yo, como armador, no necesito servicios mínimos; necesito los servicios”, subrayó, y recordó que el tiempo de permanencia de un buque en puerto representa un costo significativo para las compañías navieras.
El abogado dijo que los contratos de trabajo, como cualquier contrato de servicios, deben cumplirse de buena fe. Reconoció que, en relaciones de ejecución continuada, las circunstancias consideradas al momento de contratar pueden modificarse y justificar una revisión de las condiciones. Sin embargo, entendió que ello no puede traducirse automáticamente en medidas de conflicto que afecten la operativa y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Agregó que las asambleas sindicales deberían realizarse fuera del horario de trabajo y del lugar de prestación de tareas. Además, propuso establecer un sistema obligatorio de negociación que obligue a las partes a procurar una solución sin afectar la continuidad de los servicios. Si, dentro de un plazo previamente determinado, no se alcanzara un acuerdo, planteó que la controversia debería resolverse mediante un arbitraje especializado, de decisión definitiva.
“Sé que esta posición puede generar críticas, pero la huelga es una herramienta válida en ciertos contextos; no debería ser la respuesta natural en un país como Uruguay, con separación de poderes y un sistema judicial que funciona, a pesar de sus limitaciones. En una actividad estratégica como la portuaria, debe existir una respuesta institucional que permita resolver los conflictos sin detener al país”, analizó.
El MTSS “fracasó”
Sin ingresar en las razones particulares que dieron origen al conflicto, Sciarra evaluó que la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no logró encauzarlo ni asegurar la continuidad efectiva de la operativa portuaria. “El ministerio fracasó, y eso debe ser considerado como una señal”, aseveró.
A partir de esa constatación, planteó la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre la capacidad institucional de la cartera para prevenir y solucionar conflictos de esta naturaleza. “¿No será el momento de poner en agenda la competencia del MTSS para resolver estos temas? ¿No será también el momento de analizar integralmente el sistema de conflictos laborales y el funcionamiento de los Consejos de Salarios?”, se preguntó.
Explicó que el debate no debe dirigirse a restringir derechos, sino a crear mecanismos eficaces que permitan negociar y resolver diferencias sin comprometer la continuidad de actividades estratégicas ni afectar la confiabilidad internacional del puerto de Montevideo.
Finalmente, Sciarra vinculó la situación actual con la necesidad de preservar la competitividad de Montevideo frente a otros puertos de Argentina y del sur de Brasil. Insistió en que el país necesita ofrecer a los armadores condiciones que les permitan confiar en que sus buques podrán entrar, operar y salir sin interrupciones. Advirtió que recuperar servicios marítimos una vez que se trasladan a otros puertos puede resultar más difícil.