Este martes 17, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) acompañará a su empresa socia, Cooke Uruguay, que fue citada a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. La firma responderá sobre la denuncia del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), en relación a la presencia de marinos de origen indonesio en presunta situación de explotación laboral en su flota.
El sindicato integra, junto al Centro de Maquinistas Navales y al Sindicato Único de Patrones de Pesca, la Intergremial Marítima, que ya compareció en ese ámbito legislativo. Un comunicado fechado el 13 de noviembre sostiene que «se trata de trabajadores sometidos a regímenes de trabajo abusivos, violatorio de normas básicas vinculadas con condiciones dignas de trabajo, restringidos en su libertad ambulatoria, en su derecho a una alimentación y recreo adecuado y, en algunos casos, privados de la documentación pertinente para circular por el mundo”.
En virtud de lo expuesto, el colectivo sostiene que “estamos ante una situación que hemos caracterizado como de semi esclavitud o, sencillamente de esclavitud moderna”.
“No hemos logrado más información sobre el modo en el cual se contrató a estos trabajadores, sobre el modo en el que trabajan, perciben salario (…). Hemos hecho denuncias a la Inspección del Trabajo, sin mayores respuestas”, agregó.
“No hay ninguna violación a la norma”, contrapuso el presidente de CIPU, Juan Riva Zucchelli, en diálogo con Altamar News. Afirmó que Cooke cumple con la normativa que explicita que para permisos de categoría C (cangrejo y merluza negra), se admite que 50% de la tripulación pueda ser extranjera, como sucede en uno de los buques cangrejeros de la firma, de bandera nacional. Las tripulaciones de esos barcos están conformadas por 35 o 36 personas, por lo que se permite que 18 no sean uruguayos. De éstos, 8 son indonesios, explicó, y añadió que “se les paga lo que se les tiene que pagar”. Sobre este punto, las organizaciones que integran la Intergremial, afirmaron en el Legislativo que los trabajadores indonesios perciben 30 a 40% de lo percibido por sus pares.
“Aquí, el problema es que el Suntma pretende, y lo ha realizado en los últimos 40 años, todos los trabajadores deben estar afiliados al sindicato”, mientras que barreras culturales dificultan que los indonesios también lo hagan, indicó. En el sector de la pesca, en Uruguay, “no hay libertad sindical”, subrayó.
Agregó que “eso de la esclavitud lo vengo escuchando hace 20 años”. Y refutó: “si hubiera esclavos en los barcos de pesca, no se entiende como la Inspección General del Trabajo, que hace su tarea, no detectó, en todos estos años, ninguna irregularidad de ese tipo”.