Uruguay carece de barcos científicos para satisfacer los mínimos requerimientos en materia de investigación pesquera. La reciente botadura del buque “Betelgeuse” de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), por sus limitadas dimensiones y capacidades, está lejos de disimular esta falencia. Es necesario comenzar y sistematizar campañas de investigaciones pesqueras a través de buques científicos aptos.
En pocas décadas, nuestro país avanzó significativamente en la conquista de sus derechos de explotación pesquera llegando hasta las 200 millas marinas -Zona Económica Exclusiva (ZEE) – Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)- sin dejar de padecer, cada día más, las consecuencias negativas por los limitados esfuerzos destinados al conocimiento de nuestros recursos vivos.
La ZEE sólo fue el comienzo. En estos meses está en ciernes la ratificación de Uruguay del “Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional”, también conocido como “Tratado de Alta Mar”, que regulará la actividad pesquera de los estados más allá de la “milla 201”. Este acuerdo dotará de instrumentos consensuados por la comunidad internacional para la explotación pesquera del único espacio marítimo aún no regulado en la materia.
Esta conquista del mar de países periféricos, marginales, y que Uruguay deberá aprovechar de mejor manera a partir de su investigación, comenzó en 1952 con la Declaración de Santiago, cuando Chile, Perú y Ecuador, reclamaron la jurisdicción exclusiva hasta las 200 millas marinas. En 1959 Uruguay siguió los mismos pasos a través de la Ley núm.13.833 estableciendo que su soberanía se extendería a una “zona de Mar Territorial” también de 200 millas marinas, donde las embarcaciones pesqueras de pabellón extranjero sólo podían explotar los recursos vivos mediante autorización del Poder Ejecutivo.
En 1973, mediante el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se saldaron diferencias históricas con la República Argentina. Ese cuerpo legal preveía como prioritarios la pesca y los estudios e investigaciones de carácter científico para la evaluación, conservación y preservación de los recursos vivos y su racional explotación y la prevención. También se acordó la Zona Común de Pesca.
Carencia de investigación del mar uruguayo
En los últimos años, la comunidad internacional, a partir de la Convemar, siguió avanzando en la explotación racional y sustentable de la pesca. Más allá del Tratado de Alta Mar señalado, también se distinguen las OROP, organizaciones de países con intereses comunes para garantizar la conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros en alta mar y el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se suman, además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.
Más allá de las necesidades de investigación que nos impone desde siempre la ZEE, estos acuerdos emergentes, del Derecho del Mar, imponen el compromiso de nuestro país ante la comunidad internacional de obtener resultados desde las ciencias aplicadas sobre el conocimiento de su mar, de sus recursos vivos.
En 2022, Uruguay, a través del decreto 2/022 creó la Comisión Interministerial de Investigación Científica Marina para asegurar sobre solicitudes de estudios e investigaciones científicas marinas, entre ellas de recursos pesqueros. Esto, pone de manifiesto la atención de nuestro país sobre las crecientes posibilidades de que otros estados y organizaciones nos planteen acceder a través de investigaciones al conocimiento del mar uruguayo.
Toca el lugar ahora, contrariamente a los avances mencionados, en señalar las carencias de nuestro país, precisamente en materia de investigación, desde la visión de expertos, responsables e interesados en la materia.
- Julio 2019, con el título “Todos en busca de un barco”, en el semanario Búsqueda, el director de la Dinara, Andrés Domingo, señalaba la necesidad de sustituir el buque de investigaciones “Aldeberán” por lo acotado de sus capacidades, existiendo posibilidades de financiación.
- Febrero 2020, día 28. Presidencia de la República daba a conocer: “Buque científico concretó primera exploración del área de extensión de plataforma continental oceánica de Uruguay”, agregando “desarrolló, en conjunto con la Armada, el primer relevamiento ambiental y de fauna marina en el área de extensión de la plataforma continental de Uruguay en el océano Atlántico. Esa iniciativa quedará como antecedente para nuevas investigaciones científicas”. Sin embargo, esta fue la última campaña del “Aldebarán”.
- Julio 2022, día 16. El diario El País recogió palabras de la ex presidenta de la Liga Marítima Uruguaya, Silvia Etchebarne, sobre nuestra incapacidad de investigación pesquera e impactos ambientales. Mientras tanto el director de la Dinara, Jaime Coronel, indicaba en contrario que sí había medidas para el monitoreo de las especies y citaba como una, llevar personal calificado en los barcos industriales, la que se entiende como una justificación absolutamente inapropiada.
- Octubre 2022, día 18. La Asociación Oceanográfica Uruguaya expuso el artículo “El potencial desaprovechado en los mares uruguayos” dando cuenta que la Comisión Especial Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida había recibido el 4 de agosto al titular de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Riva Zucchelli, señalando profusamente las carencias del sector pesquero. La publicación indicaba que también había comparecido el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros de Uruguay, Ricardo Piñeiro, quien indicó en relación a la adquisición de un buque científico que “el financiamiento no tendría problema”, puesto que el artículo 15 de la Ley de Pesca “establece un fondo para la investigación y el desarrollo pesquero”. Recordó, además, “hay varios decretos que dicen de dónde tienen que salir los fondos: de los permisos de pesca que aportamos, de determinadas tasas que recauda la Dinara y varias cosas más, que no están aportando, sino que están yendo a Rentas Generales”.
- Marzo 2023. Ceres, en el informe “Situación actual, perspectivas y oportunidades para el Desarrollo de la Industria Pesquera Nacional”, daba cuenta que ya en 1992 se había creado el Fondo de Investigación Pesquera el que fue modificándose en pos de su actualización, aunque sin haber recaudado los fondos necesarios para la sustitución del “Aldebarán”.
- Junio 2023. “Informe de Auditoría Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Auditoría Interna de la Nació. Junio de 2023”. Cuatro de los cinco hallazgos, presentaron un nivel de criticidad “extrema” recomendándose a la Dinara acciones a la brevedad.
- Marzo 2024, día 4. La publicación La Gaceta de los Pueblos Libres destacaba la falta de atención sobre la biotecnología azul, la gestión de los ecosistemas, la exploración sostenible de los recursos naturales marinos y las carencias científicas por no disponer de un buque de investigación.
- Junio 2024, Fernando Amestoy publicaba la “Bioeconomía azul: Recomendaciones para innovación y desarrollo del sector en Uruguay”, en donde, entre los principales temas planteados por el experto, destaca la necesidad de impulsar la investigación pesquera, siendo necesario:
- Actualizar el Plan de Desarrollo Pesquero.
- Fijar una agenda de investigación, abordando la pesca y la acuicultura de manera multidisciplinaria e interinstitucional, requiriéndose un organismo rector para promocionar, facilitar y articular esta disciplina.
- Integrar las capacidades de la Dinara, Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, Centro Universitario Regional Este, Universidad Tecnológica del Uruguay, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias, con relación a buques de investigación pesquera y oceanográfica, boyas oceanográficas y bases de datos.
- Direccionar las investigaciones y transferencias de sus resultados al sector productivo.
- Incentivar la industria pesquera para su mayor participación Investigación + desarrollo + innovación (I + D + I).
- Actualizar el Plan Estratégico Nacional en Ciencia Tecnología e Innovación.
- Junio 2024, día 27. El País señalaba “Falta de buques de investigación, poco pescado en la dieta y otros desafíos de la pesca sostenible en Uruguay” en donde el director de la Dinara, Álvaro Irazoqui, marcaba planes para la adquisición de un buque de investigación científica.
- Septiembre 2024, día 25. La Diaria publicó: “La pesca, como la conocemos no va más: expertos mundiales -uruguayo incluido- proponen acciones urgentes para hacerla sostenible”. Omar Defeo, destacado investigador de décadas del Laboratorio de Ciencias del Mar de Facultad de Ciencias y Dinara, en el marco de una entrevista sobre su participación junto a treinta investigadores de diferentes nacionalidades en el informe “Rethinking sustainability of marine fisheries for a fast changing planet” , planteó: “Tenemos que reposicionar a la Dinara para que no sea el patio trasero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que no se vea por ese ministerio como un mero ente generador de dividendos económicos a través de los permisos de pesca. La institución debe tener un rol superlativo en el desarrollo del sector, en la propuesta de (I + D + I). Para eso, quizá se pueda necesitar una nueva figura, como un organismo desconcentrado en el que haya un componente de fiscalización y control y otro de investigación quizá separados, como existe en Argentina, Perú o Chile”.
Conocimiento científico para asegurar gestión sostenible de recursos pesqueros
En este marco de lamentable precariedad por la carencia de buques de investigación pesquera y las limitadas acciones para revertir esta gravísima situación, corresponde señalar la buena iniciativa de Uruguay creando otrora instrumentos jurídicos como el Fondo de Desarrollo Pesquero Acuícola y el Consejo Consultivo de Pesca, poco empleados, aunque siendo herramientas importantes para impulsar la adquisición de buques científicos de investigación pesquera como los que se están necesitando. Como antecedentes de dichos instrumentos citamos: en 1992, por la Ley núm. 16.320 art. 200 creó el Fondo de Investigación Pesquera.
En 2013, a través de la Ley núm. 19.175 en su art. 15 pasó a denominarse Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola, destacándose: “…B) Fomentar la investigación pesquera con el fin de obtener la información científica y tecnológica necesaria para conservar y promover la sustentabilidad y el uso responsable de los recursos hidrobiológicos nacionales. C) Gestionar por sí o a través de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, llamados a concurso público para la realización de proyectos de investigación y seleccionar los proyectos a ejecutar. D) Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en la acuicultura…”. La misma norma, en su art. 13, establece: “Créase el Consejo Consultivo de Pesca como órgano asesor del Poder Ejecutivo en todas las materias relacionadas con la pesca. El Consejo formará un ámbito de intercambio participativo de ideas y propuestas, sin que las mismas tengan carácter vinculante para la Administración”.
La gobernanza marítima del estado hasta el momento no ha considerado imprescindible adquirir buques destinados a la investigación pesquera, por lo que se profundizarán las consecuencias negativas sobre el sector y la economía marítima. Cada vez será menor el conocimiento científico que nos asegure una gestión sostenible de los recursos pesqueros, comprender los ecosistemas marinos, optimizar las técnicas de pesca, crear áreas marinas protegidas, desarrollar políticas de manejo y regulación, diversificar especies y áreas de pesca, y muchas cosas más.
Seguiremos entonces sacrificando un parte importante de nuestra soberanía marítima.
Capitán de Navío (R) Pablo De Marco
Sobre el columnista
El Capitán de Navío (R) Pablo De Marco es diplomado del Curso de Estado Mayor General Naval; licenciado en Sistemas Navales; delegado ante la Comisión Administradora del Río de la Plata y secretario técnico de la Comisión Administradora del Río de la Plata.