«Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa (española) Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas», tras constatar «fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo», anunció el presidente uruguayo Yamandú Orsi.
Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, el mandatario encabezó una conferencia de prensa este miércoles 22 en Torre Ejecutiva. Entre los asistentes se encontraba la vicepresidenta Carolina Cosse y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
Orsi instruyó, el lunes 20, al embajador uruguayo en el Reino Unido, Luis Bermúdez, para que se presentara ante las oficinas de la empresa Eurocommerce, que en el contrato oficiaba como garantía. El representante diplomático se encontró con que allí no funcionaba esa compañía, sino una inmobiliaria que pertenecía a una persona de nacionalidad rusa, residente en su país natal.
«Hemos decidido hacer denuncia ante la Justicia, en su fase civil y penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo», afirmó.
Empresa de papel
Díaz abordó el tema de las garantías establecidas en el contrato suscripto por el Estado uruguayo y Cardama en diciembre de 2023.
Relató que los 45 días de plazo que tenía la empresa para presentar sus garantías de fiel cumplimiento del contrato se extendieron, luego de sucesivas prórrogas, a 11 meses. Dijo que esto resultó relevante porque uno de los elementos por los que se había seleccionado a ese astillero fue el compromiso de finalizar la construcción de la primera de las dos OPV (Offshore Patrol Vessel, por sus siglas en inglés) en 18 meses.
Recordó que en el primer y segundo intento de constitución de garantía el Ministerio de Defensa de la época consultó al Banco Central y éste recomendó no llevar adelante esas garantías y contratar un corredor de seguros.
No obstante, la cartera optó por contratar «aparentemente» al estudio Delpiazzo Abogados según se desprende de una serie de correos electrónicos entre Cardama, el Ministerio de Defensa y el estudio, aportó.
Sostuvo que la garantía de Cardama tenia que cumplir un plazo de 42 meses, pero alzanzó un año y debía ser renovada 30 días antes del vencimiento.
Informó que entre los años 2022 y 2024 la firma tuvo un solo empleado y no registró prácticamente actividad, según surge del análisis de sus cuentas.
«Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no exisitiría», alertó. Ante estos indicios, el prosecretario anticipó que se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales.
Casi US$ 30 millones transferidos
Sánchez responsabilizó a la anterior administración por no tomar los recaudos necesarios para que la empresa tuviera la capacidad de hacer frente al compromiso adquirido.
“Resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad, para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario», expuso.
Recordó que al día de hoy, el Estado uruguayo, en cumplimiento del contrato, realizó tres trasferencias al astillero que ascienden a una cifra cercana a los US$ 30 millones de un total de US$ 82 que demandarían los dos buques que se destinarían al control y custodia de las aguas territoriales del país.