El ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), en el período 1998-2001, Edison González Lapeyre, advirtió sobre la situación actual del puerto de Montevideo, al que definió como inmerso en un proceso de “deterioro” producto de errores de gestión, falta de planificación y ausencia de perfiles técnicos en sus principales cargos de conducción.
En «No Toquen Nada» de FM Del Sol, González Lapeyre sostuvo que los indicadores internacionales reflejan una pérdida de competitividad de la principal terminal marítima del país. Según afirmó, estudios recientes del Banco Mundial ubican al puerto montevideano entre los de peor desempeño de la región y registran una caída significativa de su operativa durante el último año.
Para González Lapeyre, uno de los problemas centrales es la falta de idoneidad técnica en la conducción de la ANP. Si bien reconoció la trayectoria política de las actuales autoridades, cuestionó que el organismo haya quedado en manos de personas sin experiencia específica en materia portuaria.
También apuntó contra la designación del capitán del puerto, cargo que, según recordó, la Ley de Puertos, número 16.246, reserva para personas “notoriamente versadas en temas portuarios”. A su juicio, la elección actual no cumple con ese requisito y afecta la coordinación de servicios estratégicos para la operativa.
Ausencia de estrategia clara
Otro de los puntos críticos abordados fue el dragado del canal de Acceso. En ese sentido, aseveró que, pese a contar con autorización para profundizar el canal a 14 metros, no se registraron avances y, además, se perdió parte de la profundidad de 13 metros alcanzada previamente por falta de mantenimiento.
“La tendencia es de deterioro y mayor deterioro”, sostuvo el especialista en Derecho Marítimo, quien atribuyó la situación a la ausencia de una estrategia clara para preservar la competitividad del puerto frente a otros enclaves de la región.
En materia comercial, se refirió a la pérdida de cargas paraguayas y la decisión de algunas navieras, como MSC, de reducir escalas en Montevideo. Según explicó, los altos costos operativos, tarifas y cánones afectan la capacidad de atraer y retener negocios.
En ese sentido, cuestionó el régimen tarifario de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y observó que determinadas tarifas se aplican sin la homologación del Poder Ejecutivo, aspecto que, según su interpretación, debería revisarse a la luz de disposiciones constitucionales.
González Lapeyre reiteró sus reparos sobre el acuerdo firmado en febrero de 2021 entre el Estado uruguayo y TCP. Aseguró que el documento contiene errores técnicos y jurídicos que, a su entender, justificaban una renegociación posterior.
Respecto a las obras comprometidas en ese contrato, manifestó que existen atrasos de hasta cuatro años en las obras de ampliación y consideró que la situación requiere una revisión integral entre las partes.
Golpe de timón en gestión portuaria
Consultado sobre la demanda internacional impulsada por Montecon ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), evitó profundizar en detalles, aunque confirmó haber sido convocado por autoridades del actual Gobierno para intercambiar opiniones sobre el particular.
González Lapeyre insistió en que Uruguay dispone de técnicos capacitados tanto dentro como fuera de la ANP para asumir responsabilidades de conducción. En ese sentido, defendió un modelo de gestión que combine representación política con conocimiento especializado.
Criticó la ausencia de un plan nacional de desarrollo portuario y fluvial, una carencia que viene señalando desde hace varios años, subrayó. A su juicio, las decisiones actuales responden a medidas aisladas y no a una estrategia integral de largo plazo.
En otro pasaje, el entrevistado cuestionó algunas acciones recientes vinculadas a la promoción de operaciones privadas en la zona de alijo en Punta del Arenal, cerca de Nueva Palmira, por considerar que se priorizan iniciativas particulares por encima del fortalecimiento de la infraestructura administrada por el Estado.
Finalmente, reclamó un “golpe de timón” en la gestión portuaria y advirtió que los problemas actuales no solo afectan al sector marítimo, sino también a exportadores, importadores, trabajadores y consumidores. “Cuando el puerto opera menos, pierde todo el país”, cerró González Lapeyre.