“Para poder avanzar como sector y que el recurso de la pesca sea realmente estratégico y no sólo potencial, debemos hacer hincapié en tres aspectos: aumentar el consumo de pescado, corregir aspectos normativos que hoy ponen la actividad al borde de su viabilidad y promover una renovación y crecimiento de la flota”. El razonamiento pertenece al presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, quien participó este miércoles 4 en las “Jornadas Nacionales de Derecho Marítimo”, que organizó la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, en Montevideo.
El empresario reconoció que no hubo gobiernos que definieran a la pesca como un recurso estratégico e identificó tres esferas en las que se deberá trabajar: la salud de la población, el valor económico y el impacto social de la actividad y el valor desde el punto de vista de la soberanía del país y del cuidado del ambiente.
Señaló que desde el punto de vista de la salud, el consumo de pescado y derivados del mar en Uruguay es de entre 6 y 7 kgs. por persona y por año mientras que el promedio mundial es de 20 kgs. En este sentido, lamentó que a pesar de los beneficios para la salud, no hubo políticas públicas ni iniciativas privadas relevantes que impulsen el consumo de pescado, por lo que no está integrado a nuestra dieta. El directivo del CIPU sostuvo que “deberíamos considerar a la pesca como un recurso estratégico”, por cuanto el país posee el doble de territorio en el mar que el terrestre.
También desde una perspectiva económica y social, la actividad pesquera significa un recurso estratégico para el país en la medida que haya políticas públicas que promuevan su desarrollo como es el caso de otras actividades como la forestación y su cadena industrial que condensa una continuidad de políticas de Estado.
Juan Riva-Zucchelli afirmó que “tenemos un recurso subexplotado”, según surge del informe “Situación actual, perspectivas y oportunidades para el desarrollo de la industria pesquera nacional”, elaborado en 2023 por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). Agregó que el sector genera más de 5.000 empleos, entre directos e indirectos y exportaciones que superan US$ 130 millones anuales.
Desde el punto de vista de la soberanía y del cuidado del medio ambiente, dijo que una actividad pesquera regulada como la existente, y hasta sobreregulada, asegura una explotación responsable del recurso natural. No obstante, la pesca industrial dispone de sólo 54 barcos y una flota envejecida, con un promedio de edad superior a 40 años, y pocas expectativas de renovación si no se generan políticas estatales que promuevan la actividad.
En relación al desarrollo portuario, destacó la inauguración, el martes 3, del puerto pesquero de Capurro como una “base estratégica” para el sector. Con anterioridad, la pesca nacional operó en condiciones deficientes durante cinco años en los muelles 10 y 11 del puerto montevideano.
Valoró en forma positiva el posicionamiento del país en materia de protección y seguridad marítima. Dijo que el mismo es signatario de acuerdos y convenios internacionales como el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP). A su vez, cuenta con un marco jurídico que es una «buena base legal» para sus actividades de investigación, ordenamiento y gestión responsable a través de varias leyes y decretos que la regulan. En esta área, Riva-Zucchelli repasó los organismos en los que participa Uruguay y los acuerdos internacionales vigentes relacionados con la pesca.
Falta de institucionalidad
En otro pasaje de la disertación, el titular de la CIPU explicó que en los últimos años el sector empresarial enfrentó una acumulación de dificultades generados por los altos costos de producción, insumos y servicios, en particular combustibles y tarifas energéticas, que debió asumir. Se refirió a un marco de relaciones laborales muy complejo que confía, con la apertura de Capurro, que puedan mejorar, al tiempo que «reconstruir» una cultura del trabajo positiva.
Dijo que la cámara debió enfrentar costos excesivos en materia de seguridad social con dos decretos, de 2009 y 2010, que establecieron una jubilación bonificada “absolutamente inviable de pagar”. Mencionó que otro tema que conspira contra la viabilidad del sector son las altas primas de los seguros de accidentes de trabajo que no contempla la zafralidad de la actividad.
Otro desafío mencionado por Juan Riva-Zucchelli fue la «importante rigidez» de las normativas en materia de permisos de pesca que desestimulan las inversiones y la necesaria renovación de la flota. El costo de los permisos es muy alto, evaluó, en función de la cantidad de días que trabajan los barcos por año. El promedio es de 200 días laborables cuando se procura que sean 300.
Indicó que en la administración anterior las cámaras empresariales enfrentaron los trabajos de prospección sísmica en la plataforma marina que impulsó Ancap en busca de hidrocarburos y a pesar de los informes adversos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que ocasionó “grandes consecuencias negativas” para el recurso pesquero.
Ante el anuncio de nuevas prospecciones sísmicas, anticipó que se procurará llegar a acuerdos con el organismo energético para que el impacto sea el menor posible y no afecte definitivamente la actividad. Manifestó que en 2022 el sector enfrentó un sobrecosto de 40% en el precio del combustible respecto al precio de paridad de importación lo que se logró corregir.
Riva-Zucchelli expuso la “falta de institucionalidad” en el sector, que las actuales autoridades han tratado de compensar con buena voluntad y con espacios de diálogo y cooperación, matizó. En ese sentido, manifestó que la pesca necesita un instituto que se integre por el Estado y los actores privados para trabajar en la política pesquera.
Citó la Ley de Pesca número 19.175 que, en su artículo 15, creó el Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola con la finalidad de promover el desarrollo pesquero y fomentar la investigación. El mismo, se nutre de las tasas de permisos de pesca, entre otros aportes, aunque los mismos van a Rentas Generales y vuelven sólo los fondos necesarios para el presupuesto de la Dinara, cuando deberían utilizarse para fines de promoción e investigación como marca la Ley, observó.