«Rotundo». Así calificó el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre la legalidad de los decretos del Gobieno anterior que extendieron, hasta 2081, el contrato firmado, por el Estado uruguayo y la firma belga Katoen Natie, la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo.
Heber encabezó, el miércoles 4, una conferencia de prensa en el edificio anexo del Palacio Legislativo en la que estuvo acompañado por el ex prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el ex subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola y el ex titular del directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
El dirigente nacionalista aseveró, mientras exhibía una copia del dictamen de 90 páginas, del TCA, que «lo que hace (la sentencia) es respaldar la política portuaria del Gobierno anterior», por cuanto sus cinco integrantes, en forma unánime, ratificaron los decretos impugnados núm. 114/2021 y 115/2021. «Los deja firmes», apuntó.
Montecon, que es el operador de las áreas públicas y que compite con TCP en el puerto de la capital uruguaya, procuraba, precisamente, la anulación de ambos preceptos.
No obstante, el TCA dejó sin efecto la cláusula 3.5.4 del decreto núm. 114 que impedía la instalación de una nueva terminal especializada en el período en el que la concesión se encontrara vigente, salvo excepciones, por entender que podría favorecer una situación monopólica por parte de TCP.
TCP tiene prioridad aunque no exclusividad
Heber recordó que la sentencia del organismo, establece que el concesionario, TCP, tiene prioridad aunque no exclusividad frente a la permisaria, Montecon, en el atraque de los buques portacontenedores.
De la sentencia también se desprende que la prórroga de concesión por espacio de 50 años, «es legítima y no es desproporcionada», aseguró.
Recordó que en la administración anterior se defendió el acuerdo para evitar un arbitraje internacional de US$ 1.500 millones por parte de Katoen Natie contra el Estado. Advirtió que ésto, hubiera representado «un costo muy grande para el pueblo uruguayo», además de «congelar las inversiones» portuarias.
Destacó que la política portuaria del período proyectaba la competencia de Montevideo con otras terminales de la región, como Buenos Aires y Río Grande, aunque no de manera intraportuaria. Esta definición estratégica servía como llave de crecimiento económico y de abaratamiento de costos de escala, argumentó Heber.
En tanto, Olaizola aportó una reseña histórica desde la decisión de la Administración Nacional de Puertos en 1985, de incorporar una terminal especializada de contenedores en Montevideo hasta la actualidad. Indicó que la sentencia del TCA ratifica un camino de desarrollo y de posicionamiento del puerto montevideano como referente en la región.
«Recuperamos el puerto a la legalidad», subrayó Curbelo. En ese sentido, Ferrés, aseveró que la sentencia del TCA «da certeza jurídica a la política de gestión de TCP y su reglamento de atraque». Aseguró que ésto «es muy bueno para la política portuaria y para el desarrollo del puerto de Montevideo».