Uruguay se ha visto, a partir de 2020, con cambios en la legislación que regula las tripulaciones de los barcos pesqueros de bandera nacional, artículo 27 de la Ley núm. 13.833 (Ley de Pesca), que constituyó “una oportunidad de plegarse a prácticas (…) esclavistas donde abiertamente se fomenta el tráfico humano, el trabajo forzoso y ahondan aún más la precarización laboral de la industria pesquera”.
El análisis fue difundido el martes 22 por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) que cuestionó la mano de obra extranjera, con la que las empresas del sector “pretenden deshacerse” de la mano de obra nacional.
El documento recordó que en septiembre de 2020 la Ley núm. 19.924 de Presupuesto Nacional se anunció como una herramienta para la reactivación del empleo y sostenibilidad de políticas sociales. “Esto podría significar que el rumbo de la política sería un empuje para todos los sectores de trabajo, incluido la pesca (aunque) nada de esto sucedió”, lamentó.
El Suntma, criticó “el olvido de los diferentes gobiernos de turno hacia el sector, los intentos de zafralidad, largos incumplimientos y cierres patronales, abusando de los permisos de pesca que le pertenecen a toda la sociedad uruguaya”.
Señaló al ex director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Jaime Coronel, que se desempeñó al frente de esa entidad en el lapso 2020-2023, como el responsable de “abrirle las puertas a estas prácticas de sometimiento”, lo que redujo las tripulaciones nacionales, con la “complicidad” de las cámaras empresariales.
Advirtió que los trabajadores extranjeros de países subdesarrollados con nula legislación laboral son atraídos a situaciones de esclavitud moderna por un empleo aparentemente legítimo. Éstos, una vez reclutados, no pueden desprenderse del trabajo debido a las amenazas de violencia, al confinamiento físico en alta mar, la retención de salarios y las deudas contraídas durante el proceso de contratación.
Añadió que la confiscación de pasaportes y otros documentos es otro medio de evitar que los pescadores abandonen situaciones de trabajo forzoso al impedirles regresar a su país de origen o encontrar otro trabajo. Ante esto, el sindicato afirmó que realizó las correspondientes denuncias ante las autoridades intervinientes aunque sin obtener resultados.
Recordó el convenio 188, de 2007, de la Organización Internacional de Trabajo sobre el trabajo en el sector, que promueve condiciones laborales y de vida decentes para los pescadores. También mencionó el Protocolo de 2014, del referido organismo, que exige que se adopten medidas para prevenir el trabajo forzoso e identificar, proteger y proporcionar reparación a las víctimas. Uruguay aún no ratificó ambos instrumentos legales, subrayó el Suntma.