En junio de 2017 se realizó la Primera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el uso de los océanos, mares y recursos marítimos para el desarrollo sostenible. Entre sus conclusiones se hizo un llamado a la acción de todos los países miembros, comprometiéndolos a definir en conferencias futuras, objetivos concretos y soluciones innovadoras con base científica.
Los principales objetivos se centraron en poner fin al conflicto entre actividades económicas y la salud de los océanos, construir alianzas en base a marcos legales existentes sobre Áreas Marinas Protegidas (AMP), procurar una gestión sostenible de la pesca en la denominada “alta mar” y destacar la importancia de la interfaz política-científica. Este último objetivo, se refiere a la necesidad de que los políticos, presten mayor atención al asesoramiento científico y lo usen como base para la toma de decisiones.
Diversas actividades humanas desarrolladas en las últimas décadas, aceleraron peligrosamente el deterioro oceánico con diferentes formas de contaminación, pérdida de biodiversidad, pesca indiscriminada y sin control en la alta mar, entre otras muchas, que comprometen el desarrollo sostenible.
En consideración a los objetivos y las actividades comprometedoras para los océanos, se estructuró un proyecto de acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este instrumento se conoce como el Tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), Tratado Global de los Océanos o Tratado de la Alta Mar.
Uruguay se comprometió a adoptar medidas de conservacion en aguas jurisdiccionales
En julio de 2022 se llevó a cabo en Lisboa la Segunda Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre los Océanos, fracasando en su objetivo de alcanzar un “acuerdo”, a fin de lograr para el 2030 el 30% de la alta mar como AMP, más allá de ciertos compromisos “voluntarios“ asumidos por más de 100 estados miembros.
La alta mar en los océanos, se encuentra más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), y no está bajo la completa jurisdicción de ningún Estado. Esta superficie representa alrededor del 60% de los océanos del mundo.
En la segunda conferencia, Uruguay se comprometió a adoptar algunas medidas de conservación como son las AMP,»exclusivamente” en sus aguas jurisdiccionales, es decir, hasta un máximo de 200 millas, límite exterior de su ZEE.
Cabe agregar, que más allá de las 200 millas, el área de alta mar del Atlántico Sud Occidental, tampoco tiene algún Organismo Regional de Ordenación Pesquera (OROP), que por lo menos, con una gestión sustentable enfocada en la conservación de los recursos pesqueros, contribuya a una mejor conservación y ordenación de ese espacio con carácter vinculante, para todos los países que desarrollan actividades en el mismo.
Herramientas legales para detener la degradación de ecosistemas marinos
Esa área marítima es un gran vacío estratégico, sin control alguno de las acciones extractivas, contaminantes, etc., a pesar de poseer en sus aguas una inmensa biodiversidad, pues forma parte de un ecosistema de los más ricos del planeta, por lo que en la actualidad está completamente expuesto a su depredación y sin medida alguna de conservación.
Ante esta situación, Uruguay, Argentina y Brasil, países ribereños en el Atlántico Sud Occidental, empezarán a colaborar a nivel regional con una iniciativa de conservación marina reciente con un Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), apuntando a un intercambio de información de los ecosistemas. Esto podría ser un paso importante, en el sentido de aportar para la gobernanza oceánica, que se presenta de cara al futuro próximo con el Acuerdo de los Océanos.
Al respecto, se está por producir un cambio que podría ser muy significativo.
En junio del presente año se realizó en Niza, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, asistiendo más de 170 países, entre ellos Uruguay. En dicho evento, se aprobó por consenso una amplia declaración de compromisos que, para aprobar un cambio transformador para los océanos anclado en la ciencia, requería la ratificación de por los menos 60 estados y que al fin de la Tercera Conferencia no se había logrado.
No obstante, el viernes 19 de septiembre del corriente Marruecos y Sierra Leona ratificaron el acuerdo, convirtiéndose en las partes 60 y 61, pasando el umbral requerido por Naciones Unidas, por lo cual se allanó el camino para su entrada en vigor en enero de 2026. Ésto, permite dotar al sistema internacional de herramientas legales para frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas marinos, a través de un acuerdo jurídicamente vinculante.
Los principales instrumentos que dispondrán los países serán las propuestas de AMP con un marco operativo que seguramente acelere el cumplimiento de 30% de protección de los océanos, evaluaciones de impacto ambiental más allá de la jurisdicción nacional, reparto más equitativo de beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos y la transferencia de tecnología marina a países en desarrollo.
Uruguay no ha depositado la ratificación, pero estimamos que debería llevar a cabo a la brevedad un serio análisis de las ventajas y eventuales perjuicios, que podría tener el Acuerdo de los Océanos para nuestro país.
Otros estados, que jugaron un papel clave en la negociación como la Unión Europea, están empujando la ratificación universal para maximizar la eficacia del acuerdo. Sin embargo, también será clave la adhesión de las grandes potencias, donde hay fuertes intereses de diferentes lobbies como los ambientalistas y los de la industria farmacéutica, cuyos recursos serán considerados “Patrimonio de la Humanidad”, y son los que poseen la tecnología de extracción.
El 17 de enero de 2026 el acuerdo será norma de derecho internacional aplicable.
En suma, los espacios marítimos en general, requieren asumir políticamente su importancia, visualizar el valor de la soberanía de los mismos en su más amplia expresión, su conocimiento científico y la necesidad de atención con políticas focalizadas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento, conservación y desarrollo en beneficio de todos a nivel nacional y regional.
¡El siglo XXI nos está obligando a dejar de darle la espalda al mar!
Sobre el columnista
Alberto Caramés. Almirante (R). Ex Comandante en Jefe de la Armada Nacional.