La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) expresó su «profunda preocupación» por la nueva paralización de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que durante tres días volvió a afectar la operativa de la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El episodio ocurre luego de un conflicto que había ocupado buena parte del año y que parecía encaminado hacia una solución definitiva.
Según la cámara empresarial el sindicato presentó una nueva plataforma vinculada a la reducción de la jornada laboral y resolvió realizar tres días de paro antes de la asamblea convocada para definir los próximos pasos. La gremial advirtió además que no se descartan nuevas medidas y cuestionó que cada nueva reivindicación sea acompañada por paralizaciones que afectan a empresas y trabajadores ajenos al conflicto.
La CIPU señaló que respeta el derecho a la negociación colectiva y la discusión de las condiciones laborales, pero consideró «inadmisible» que las medidas de fuerza interrumpan reiteradamente la actividad portuaria. También cuestionó la actuación de TCP, a la que el Estado confió la prestación de un servicio público considerado estratégico para la economía nacional.
Para la industria pesquera, que exporta aproximadamente el 95% de su producción, la continuidad del puerto resulta esencial. Las interrupciones afectan cargas refrigeradas, elevan los costos de conservación, obligan a reprogramar transportes y embarques, ponen en riesgo compromisos comerciales y pueden deteriorar la imagen de Uruguay como proveedor confiable y previsible.
La organización empresarial recordó que el sector enfrentó en 2025 casi tres meses de paralización y sostuvo que esa experiencia demuestra que existen alternativas cuando los mecanismos habituales de negociación no permiten recuperar la continuidad operativa. La cámara afirmó que habla desde la experiencia de haber encontrado una salida y reclamó que TCP y las autoridades asuman la responsabilidad de proteger el trabajo, la producción y los derechos de terceros.
El impacto, según la entidad, trasciende a las exportaciones pesqueras. Las paralizaciones también pueden demorar y encarecer el ingreso de medicamentos, equipamiento e insumos médicos, repuestos y componentes necesarios para mantener la producción y otras actividades económicas. «Las empresas usuarias no participan del conflicto ni pueden resolverlo, pero terminan absorbiendo todos sus perjuicios», sostuvo.
Ante esta situación, la CIPU informó que comenzó a reunir y cuantificar evidencia sobre los daños sufridos por las empresas pesqueras y que inició consultas jurídicas. Además, propuso a las organizaciones empresariales y empresas afectadas crear un registro común de perjuicios, realizar una evaluación técnica e independiente del impacto sobre producción, empleo, comercio exterior y generación de divisas, y exigir a TCP un protocolo efectivo de continuidad operativa.
También planteó reclamar a la Administración Nacional de Puertos (ANP) y al Poder Ejecutivo que determinen responsabilidades y garanticen el funcionamiento de la terminal, así como evaluar intimaciones y acciones judiciales coordinadas contra la operadora y quienes eventualmente resulten responsables de los daños. Para la cámara, el diálogo continúa siendo indispensable, pero no puede transformarse en una sucesión indefinida de negociaciones, reivindicaciones y paralizaciones. «La continuidad del puerto de Montevideo debe ser asumida como un asunto de interés nacional», concluyó.