Durante el gobierno del presidente Lacalle Pou, en mi condición de especialista independiente, en temas marítimos, fluviales y portuarios, realicé diversas críticas a la gestión que se estaba desarrollando en el ámbito acuático y portuario.
Los lectores de este portal recordarán que manifesté que la hidrovía del río Uruguay, como estaba planteada por Lacalle Pou, era inviable, y que también lo era el puerto de Itapebí a 6 km. al norte de la represa de Salto Grande.
Además, expresé que la operativa del portacontenedores «Paysandú» no era rentable, que iba a fracasar, y que similar destino iba a tener el dragado a 34 pies de ese curso fluvial, promovido por el ex intendente Omar Lafluf y apoyado por el ex secretario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
Cuando el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Alem García, fue, en 2020, al Parlamento e informó que ese organismo binacional había aprobado el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, con una profundidad de 14 m., le llevé al ministro de Transporte y Obras Públicas de la época, Luis Alberto Heber, la documentación fidedigna que acreditaba que lo autorizado era sólo a 13 m., con un cambio de trazado.
En esa instancia, fue evidente que García y la delegación a su cargo no tenían la menor idea de lo que tenían entre manos y eso se volvió a poner en evidencia cuando asumieron que debían promover el régimen de consulta del art. 17 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo con el proyecto ejecutivo de un trazado con una profundidad de 14 m. Se cometieron tantos errores que, solo después de tres años, y merced a la intervención del canciller Omar Paganini, los mismos se pudieron resolver arribándose a un acuerdo con Argentina.
En cuanto al contrato con TCP Katoen Natie, por el cual se resolvía la amenaza de una demanda por US$ 1.500 millones del 15 de febrero de 2021, y los decretos 114 y 115 de abril de ese año, denuncié enfáticamente las gruesas ilegalidades en que se incurrieron en su redacción y en los increíbles errores operativos que resultan de ese andamiaje jurídico que, en la actualidad, hace agua por todos lados.
Éste ha provocado una reducción del 50% de la operativa por el alejamiento de nuestra principal terminal portuaria de empresas como MSC y Hapag Lloyd, y ha colocado al puerto de Montevideo, en el ranking del Banco Mundial, entre 450 puertos examinados, dentro de los últimos cuarenta.
¿La razón de esos costosos errores? En mi opinión, los mismos se cometieron, principalmente, por haber sido llevados a cabo por personas sin la especialización necesaria y designadas, en general, por clientelismo político y/o sin consultar a los técnicos y especialistas con formación y experiencia en esos temas.
Basta con examinar a quienes se les otorgaron los diferentes cometidos en la Administración Nacional de Puertos (ANP), en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y en las comisiones binacionales, especialmente con Argentina, para hacerse una idea si los titulares de esos cargos, salvo casos muy excepcionales, estaban capacitados para desempeñarlos.
Cuando asumió el nuevo gobierno del presidente Yamandú Orsi tenía la esperanza de que ese estado de situación se enmendara. ¡Me equivoqué! En la Comisión Administradora del Río Uruguay, nuestra delegación no cuenta con un solo especialista, y deberá afrontar un tema muy complejo de consecuencias potenciales muy importantes como es el de la planta de hidrógeno verde.
La delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, a más de 100 días de asumido este gobierno, todavía no ha sido designada y lo mismo la delegación ante la Comisión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, pero algunos nombres que han trascendido indicarían que se va a seguir el mismo derrotero con esas delegaciones.
En lo que respecta a la ANP, según ha trascendido, el cargo de vicepresidente del Directorio lo ocuparía un ingeniero agrónomo sin especialización alguna en los temas que van a estar a su cargo, por lo que, de concretarse esa designación, ninguno de los tres directores cuentan con experiencia y especialización en un tema tan complejo como es el portuario.
Ello transcurre en circunstancias en que nuestro país debe afrontar las demandas por parte de los accionistas de Montecon por US$ 840 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y se ve enfrentado al descalabro de TCP Katoen Natie.
Afortunadamente, en la CARP encuentro la excepción que confirma la regla, pues Daniel Montiel tiene una larga experiencia y formación en estos temas y cuenta con un segundo de gran valía, como es Antonio Carámbula.
En los países desarrollados, en particular, en Estados Unidos, la procura de personas capacitadas es un imperativo categórico para el éxito de cualquier emprendimiento.
Existen, los que se denominan “head hunters” y que tienen como trabajo especial el obtener, para las empresas que representan, a los más capacitados como aquellos que se gradúan con honores en las mejores universidades del país y a los que han demostrado, en la actividad que desarrollan, ser talentosos y eficientes. Y lo hacen, reitero, porque son conscientes de que el talento y la capacitación técnica de sus ejecutivos es de enorme importancia en el éxito de sus negocios y empresas.
Lamentablemente, es otro el criterio que prevalece en nuestro querido país ya que apreciamos que, sobre la capacitación técnica de los seleccionados, para asumir responsabilidades muy trascendentes en los entes autónomos, en los servicios descentralizados, en los cargos de embajadores de confianza y en las comisiones binacionales con Argentina, lo que prevalece es el clientelismo político o el amiguismo.
Reitero, tenía una firme esperanza de que el gobierno del presidente Orsi iba a seguir un derrotero diferente al anterior, pero esa esperanza se ha visto frustrada y estoy apreciando, con pena, que cuando mi abuelita, decía “otro vendrá que bueno te hará”, tenía razón.
Dr. Edison González Lapeyre
Sobre el columnista
El Dr. Edison González Lapeyre es excatedrático de Derecho Internacional Privado y Público de la Facultad de Derecho de la Udelar y de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Negociador del Tratado del Río de la Plata y del Estatuto del Río Uruguay, exembajador y expresidente de la ANP.
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