Me introduje en el estudio del puerto de aguas profundas en las costas del Este de nuestro país hace 60 años, cuando me desempeñaba como profesor de Derecho Internacional Marítimo en la Escuela de Guerra Naval, en el curso de Estado Mayor.
En esas circunstancias, el director de ese instituto que lo era el CN Francisco Camps, convocó a los profesores Ing. Yamandú Canosa, Ing. Alfredo Giribaldi, Dr. José Claudio Williman y al autor de esta nota, para que formulásemos ideas respecto a la viabilidad de construir un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha.
Cumpliendo ese cometido, se presentaron distintas ideas al respecto que luego fueron publicadas a mimeógrafo por la Escuela de Guerra Naval. Personalmente sostuve que solo veía viable un emprendimiento de esa naturaleza como puerto de los países de la Cuenca del Plata, en un régimen de zona franca o similar. Hice hincapié en ese condicionamiento en razón de considerar que ese era el instrumento indispensable para captar las cargas necesarias para justificar la enorme inversión que un proyecto de esa naturaleza requería.
Curiosamente, dos años más tarde, al firmarse el Tratado de Brasilia o Tratado de la Cuenca del Plata, esa idea tuvo un marco jurídico internacional entre los países que podrían participar de la construcción y explotación de ese proyecto.
Pero fueron pasando los años y a fines del siglo pasado, el que fungía como ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Lucio Cáceres, promovió, sin éxito, la construcción de un puerto de aguas profundas en La Paloma, en una iniciativa que se ha reiterado, hace pocos años, a través de un proyecto muy completo y de muy buen nivel técnico, que tiene por director ejecutivo al Ing. Julio Cóppola.
A esas iniciativas, se debe agregar el proyecto promovido por el presidente José Mujica y aprobado por la Ley número 19.046 de 4 de enero de 2013 que, en su único artículo ofrece características disparatadas. En efecto, esa disposición establece: ”Declárase habilitado un puerto de aguas profundas en las costas del Océano Atlántico, en la 10ª. Sección Catastral de Rocha, en la zona denominada entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco…”
Es disparatada esta ley, porque parece claro que no se puede habilitar o declarar apto o capaz, como indica el diccionario de la Real Academia, a un puerto de aguas profundas que no existe. Es cierto que el artículo 85 inciso 8, de la Constitución, le otorga a la Asamblea General la potestad de habilitar puertos, pero no se puede habilitar como puerto a tres playas.
En distintas publicaciones expuse esta crítica y otras a este emprendimiento, que recogí en un artículo en la Revista Naval de abril del año 2015 y en el cual concluía en la inviabilidad de esta iniciativa, en particular, por carecer de las cargas que justificasen la enorme inversión que implicaba. Lo cierto es que el tiempo fue indicando que mi aserto era correcto y luego de gastarse más de US$ 7 millones en este proyecto, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, con muy buen criterio, lo archivó.
Con relación a este proyecto específico de un puerto de aguas profundas en Rocha con Paraguay y Bolivia considero que para que el mismo pueda ser viable se va a requerir tener aseguradas las cargas que justifiquen la enorme inversión que se requiere para llevar a cabo este emprendimiento y que el marco jurídico que se le otorgue a este acuerdo trinacional sea el adecuado y conveniente.
No es tarea sencilla porque son muchos los imponderables que se deberán tener en cuenta y los obstáculos a superar, por ende, se va a requerir la intervención de especialistas de los tres países que los resuelvan y eviten de ese modo cometer errores como los que se cometieron con el proyecto del año 2013 que era absolutamente inviable.
Sobre el columnista
El Dr. Edison González Lapeyre es excatedrático de Derecho Internacional Privado y Público de la Facultad de Derecho de la Udelar y de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Negociador del Tratado del Río de la Plata y del Estatuto del Río Uruguay, exembajador y expresidente de la ANP.
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