«Una crisis en la que todos perdimos», así definió el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, al reciente conflicto que, entre los meses de mayo y agosto, paralizó la actividad del sector.
El dirigente empresarial disertó el martes 30, en la ceremonia del 39.° aniversario de la Liga Marítima Uruguaya, que se celebró en su sede, en Montevideo. Estuvo acompañado del presidente de la delegación uruguaya de la Comisón Administradora del Río de la Plata, Daniel Montiel, y de la presidenta del Centro de Navegación, Mónica Ageitos.
Riva-Zucchelli sostuvo que el conflicto, en período de zafra, ocasionó pérdidas de US$ 50 millones, en donde los trabajadores no cobraron sus salarios y el Estado no percibió impuestos, al tiempo que empresas y organismos redujeron o dejaron de cobrar sus tarifas, tasas y servicios y los proveedores perdieron clientes.
Analizó que el conflicto, «fue el corolario de un proceso de deterioro histórico, de falta de atención al sector de gobiernos de todos los colores políticos y de una falta de liderazgo del propio sector privado, que no supo defender su actividad y generar condiciones para su desarrollo, como sí lo hicieron otros sectores productivos que recibieron apoyos, subsidios y políticas públicas que los favorecieron».
Esta situación llevó a que la flota pesquera se redujera a menos de la mitad de barcos de lo que llegó a haber y a reducir a menos de la mitad las exportaciones de pescado y a la décima parte de su potencial exportador, explicó. «Es inmoral lo que como país hemos hecho con la pesca», recalcó.
Dijo que en determinado momento en que las negociaciones estaban estancadas fue el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien alentó a las cámaras empresariales a hacer cosas diferentes, disruptivas, porque la situación, entonces, no conducía a ninguna parte.
Analizó que ese factor, sumado a la unión de las empresas, entre las que hay de diverso porte, nacionales y de capitales extranjeros, de barcos costeros y congeladores, además de poseer una estrategia y un plan, contribuyeron a superar el conflicto.
Refundación tras el conflicto
Destacó el 8 de agosto, en que la CIPU y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) publicaron un llamado de trabajo a aspirantes en el que se anotaron 1.200 personas en las primeras 24 horas, y que hoy son casi 11.000, de las cuales 950 tienen libreta de embarque. En su consideración, esto «marcó un antes y un después en las relaciones laborales», que identificó como el inicio de «refundación» del sector.
Informó que en la actualidad, las empresas, en acuerdo con el patrón de pesca de cada barco, conforman su tripulación en base a los trabajadores efectivos. Cuando es necesario completar con suplentes, no se le piden al sindicato como sucedía hasta ahora, acotó.
Para trabajar embarcado la condición no es estar afiliado sino inscribirse en el portal uruguaypesca.com. Allí, los interesados acceden, a través de un link, a una entrevista y test psicotécnico, que se realiza a través de la plataforma uruguaya PÍA. La misma genera una lista de aspirantes en función de aptitudes, conocimiento y experiencia. Los convocados acceden a su puesto laboral luego de firmar un contrato de enrolamiento que se basa en el convenio colectivo vigente y donde estar afiliado al sindicato no es condición para trabajar.
Impacto de prospección sísmica en fauna marina
A continuación, Riva-Zucchelli mencionó en una lista de temas que CIPU y CAPU quieren trabajar con las autoridades la prospección sísmica que promueve ANCAP en la plataforma marina, lo que puede tener un impacto negativo en la fauna marina, por el cambio del comportamiento migratorio natural que podría reducir significativamente los volúmenes de captura.
La gestión de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) en temas regulatorios relacionados a los permisos y a las multas, y los seguros de accidente de trabajo en el Banco de Seguros del Estado, son otros dos aspectos adicionales que preocupan a ambas gremiales.