Uruguay cuenta con una extensa costa atlántica, una posición geoestratégica relevante en el Cono Sur y un importante sistema fluvial. Sin embargo, carece de una política marítima nacional integral que articule los múltiples intereses y responsabilidades vinculadas al mar. Esta carencia representa una debilidad estructural del Estado uruguayo en materia de gobernanza marítima y supone una pérdida de oportunidades económicas, científicas, ambientales y geopolíticas.
El presente artículo expone los principales factores que explican esta omisión, sus consecuencias y la urgencia de desarrollar una política marítima de carácter nacional, multisectorial y sostenida como política de Estado.
El mar y los espacios acuáticos asociados han sido históricamente elementos centrales en el desarrollo de las naciones. En el siglo XXI, el concepto de «economía azul» ha cobrado relevancia en la agenda internacional, impulsando el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, el desarrollo portuario-logístico, la investigación científica marina y la protección ambiental. En este contexto, la ausencia de una política marítima nacional en Uruguay contrasta con los avances de otros países de similar escala y potencial.
A pesar de contar con más de 600 km. de costa atlántica, una Zona Económica Exclusiva de aproximadamente 142.000 km², y una plataforma continental recientemente ampliada ante las Naciones Unidas, Uruguay mantiene una histórica visión «terrestre» del territorio. El mar ha sido percibido, más que como un espacio productivo y geopolítico, como una frontera natural o una extensión secundaria del dominio estatal.
Esta percepción ha limitado el desarrollo de una política marítima nacional, entendida como el conjunto de principios, objetivos, estrategias y acciones orientadas a la gestión integral del espacio marítimo, incluyendo la defensa, el comercio, la pesca, la logística, el ambiente, la formación y la investigación.
Secretaría de Asuntos Marítimos, Fluviales y Portuarios
La institucionalidad uruguaya vinculada al ámbito marítimo es dispersa. Distintos organismos estatales ejercen competencias fragmentadas: la Armada Nacional en tareas de vigilancia, seguridad, control de tráfico marítimo y defensa; la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en pesca; la Administración Nacional de Puertos, en gestión portuaria; la Dirección Nacional de Hidrografía en obras costeras, entre otros.
Esta atomización genera superposición de funciones, falta de coordinación y escasa capacidad de planificación estratégica conjunta. A su vez, la inexistencia de un ente rector o coordinador interministerial agrava el problema y limita la gobernanza efectiva del espacio marítimo nacional.
A tales efectos, se debería crear una Secretaría de Asuntos Marítimos, Fluviales y Portuarios, a fin de unificar, coordinar y supervisar políticas, objetivos y acciones estratégicas relacionadas con lo marítimo, fluvial y portuario, acorde a la orientación del Poder Ejecutivo.
La falta de una política marítima integral ha implicado la pérdida de múltiples oportunidades:
- Desarrollo de la economía azul: Uruguay ha avanzado lentamente en integrar actividades como la acuicultura, las energías renovables marinas, el turismo náutico y la biotecnología marina a su matriz productiva.
- Proyección internacional: En un entorno regional competitivo, nuestro país no ha desarrollado una estrategia marítima que potencie su posicionamiento logístico y comercial.
- Investigación científica y formación técnica: Las capacidades en oceanografía, cambio climático marino, un estudio profundo del comportamiento de las diferentes especies y la formación de personal técnico siguen siendo limitadas.
- Protección ambiental: La gestión de los ecosistemas marinos y costeros carece de un enfoque integral y sostenido, a pesar de las amenazas crecientes por la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático.
Uruguay tampoco ha logrado construir una cultura marítima. Ni en la educación, ni en los medios, ni en el discurso político, el mar ocupa un lugar central. Se requiere una política que forme ciudadanía marítima, que valore y entienda el mar como un bien público, estratégico y vital para el desarrollo. Sin conciencia marítima, cualquier intento de política integral estará condenado al fracaso.
No se trata de inventar la rueda. Existen modelos exitosos en países con similares dimensiones o realidades regionales, como Chile, Portugal o Noruega. Lo que se necesita es voluntad política, compromiso interinstitucional y participación multisectorial para construir una política marítima de Estado, con visión a largo plazo, que contemple los intereses nacionales, respete los compromisos internacionales y garantice la sostenibilidad ambiental del mar uruguayo.
Una política marítima nacional debería constituirse como política de Estado, trascendiendo los períodos de Gobierno y articulando al sector público, la Academia, el sector privado y la sociedad civil y sus objetivos deberían estar orientados a:
- garantizar la soberanía plena del Estado en su mar territorial;
- posicionar al país como un actor marítimo influyente en el Atlántico Sur;
- difundir y fomentar el conocimiento sobre la importancia del mar, de los ámbitos fluviales y lacustres y de la economía azul y su potencial para el desarrollo nacional;
- estimular la competividad de la flota pesquera y mercante nacional asegurando fuentes legitimas de trabajo;
- promover la industria de la reparación y la construcción naval;
- estimular la investigación científica y tecnológica e incentivar la innovación en dichas áreas;
- promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas marinos, fluviales y lacustres;
- fomentar las acciones necesarias para el aprovechamiento económico de los recursos vivos y no vivos, de forma compatible con el desarrollo sostenible;
- impulsar actividades turísticas, deportivas, sociales y culturales que valoren el uso del mar de forma sostenible.
La falta de una política marítima nacional en Uruguay representa una limitación estratégica en un mundo donde el mar se consolida como un espacio central de desarrollo. Superar esta omisión exige voluntad política, planificación técnica, coordinación institucional y formación de una cultura marítima. Transformar a Uruguay de un país con mar a uno verdaderamente marítimo no es sólo una aspiración simbólica, sino una necesidad impostergable para garantizar su desarrollo soberano, sostenible y competitivo en el siglo XXI.
Sobre el columnista
Pablo Viera. Capitán de Navío retirado de la Armada Nacional, licenciado en Sistemas Navales y perito naval.
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