El panorama marítimo y portuario de Uruguay se encuentra en una encrucijada crítica, exigiendo acciones inmediatas y estratégicas por parte del próximo gobierno. La reciente migración de cargas paraguayas al puerto de Buenos Aires, sumada a la preocupante caída en el movimiento de contenedores en Montevideo, son síntomas alarmantes de una gestión que, como se ha señalado, ha resultado en un «fracaso rotundo».
Uno de los desafíos más urgentes es la necesidad de recuperar la confianza de las líneas navieras y los socios comerciales. La congestión, los problemas sindicales y los altos costos operativos en el puerto de Montevideo han impulsado la fuga de cargas, un golpe severo para la competitividad del país. Es imperativo abordar estas deficiencias con soluciones efectivas y sostenibles. El mismo camino puede tomar el mineral de hierro a manos de Brasil si no reaccionamos rápido.
La promesa de un Plan Maestro para el Sistema Portuario Nacional, anunciada hace cinco años, aún no se ha materializado. Esta falta de planificación estratégica ha dejado al sistema portuario uruguayo vulnerable a la improvisación y la falta de visión a largo plazo. El próximo gobierno debe priorizar la elaboración e implementación de un plan integral que contemple la modernización de infraestructuras, la optimización de procesos y la promoción de la eficiencia en todos los niveles.
La profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, un proyecto crucial para la competitividad del puerto, ha sufrido reveses significativos. La incapacidad de mantener incluso los 12,60 metros previamente alcanzados, sumada a la falta de mantenimiento adecuado, ha generado bloqueos logísticos y pérdidas económicas sustanciales. Es esencial retomar este proyecto con urgencia, asegurando una gestión transparente y eficiente. Transparentar los costos de apertura, de mantenimiento y sobre todo quien lo va a pagar.
La situación del cabotaje nacional, que dinamizaba puertos como Juan Lacaze, Paysandú y Salto, es otro aspecto que requiere atención prioritaria. La falta de políticas públicas adecuadas ha llevado a este sector a la agonía, limitando su potencial para contribuir al desarrollo económico del país.
El contrato con la empresa belga Katoen Natie, que se extiende hasta 2081, también plantea desafíos importantes. La necesidad de asegurar que este acuerdo beneficie a todos los uruguayos, y no solo a la empresa, es fundamental para evitar futuras asimetrías y conflictos. Para lograrlo, es imprescindible que se cumpla estrictamente la ley y la Constitución de la República, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en todas las etapas del acuerdo. Además, se debe asegurar la competitividad del puerto de Montevideo, evitando que los costos operativos se disparen y afecten negativamente a la economía nacional y que en definitiva el acuerdo lo terminemos pagando todos los uruguayos.
Un aspecto crucial que requiere atención urgente es la gestión de las comisiones binacionales, como CARU, CARP, el Frente Marítimo, la Laguna Merín y el Río Cuareim. Es imperativo evitar la designación de políticos inexpertos o el uso de estos cargos como premios de consolación, prácticas que ya han demostrado sus consecuencias negativas.
Si bien algunas de estas comisiones pueden resultar atractivas por sus cuantiosas partidas presupuestarias, es fundamental reconocer que lo que está en juego es el comercio exterior del país. La coordinación e implementación efectiva de políticas a nivel nacional dependen en gran medida de la gestión eficiente y responsable de estas comisiones. Por lo tanto, es esencial priorizar la designación de profesionales capacitados y comprometidos con el interés nacional.
Asimismo, la coordinación entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es fundamental para superar la burocratización e ineficiencia que actualmente afectan al puerto. La automatización de los sistemas y la implementación de un Port Community System (PCS) son pasos esenciales para modernizar el puerto y optimizar su funcionamiento, agilizando los procesos y reduciendo los costos operativos.
En resumen, el próximo gobierno enfrenta la tarea crucial de revitalizar el sistema marítimo y portuario de Uruguay. Esto requiere un enfoque estratégico, inversiones adecuadas, y una gestión eficiente y transparente en todos los niveles. Es imperativo priorizar la revisión y gestión del contrato con Katoen Natie, asegurando que se cumpla estrictamente la ley y la Constitución, y evitando que los costos operativos se trasladen a los ciudadanos.
Al mismo tiempo, se debe profesionalizar la gestión de las comisiones binacionales, como CARU y CARP, designando personal capacitado y comprometido con el interés nacional. La coordinación entre la ANP y la DNA, junto con la modernización de los sistemas y la implementación de un Port Community System, son esenciales para superar la burocracia y mejorar la eficiencia del puerto. Solo a través de estas acciones se podrá recuperar la competitividad del país y asegurar un futuro próspero para este sector clave de la economía, garantizando que el comercio exterior de Uruguay se gestione de manera responsable y en beneficio de todos los uruguayos.
Dra. Silvia Etchebarne Vivian
Sobre la columnista
Doctora en derecho y ciencias sociales egresada de la Universidad de la República.
Master en Logística y Gestión Portuaria de la Universidad Politécnica de Valencia.
Presidente de la Liga Marítima del Uruguay, periodo 2022-2024.
Diplomado en derecho de seguros (con seguros marítimos), doble titulación UM- Pontificia Católica de Chile.
Post Grado en la Universidad de Montevideo sobre normativa fiscal nacional e internacional.
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