El Gobierno argentino acordó con los prácticos suspender la aplicación del decreto 690/26, que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje, poniendo fin al conflicto que durante varios días paralizó gran parte de la operativa portuaria del país y afectó el comercio exterior. El entendimiento contempla además una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la inmediata reanudación de las tareas de asistencia a la navegación y la conformación de una mesa de trabajo para elaborar un nuevo marco regulatorio.
El conflicto se originó tras la publicación del decreto, el pasado 31 de julio, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, cuyo objetivo era incrementar la competencia, reducir los costos logísticos y permitir que, además de los prácticos argentinos habilitados, otros profesionales, incluidos capitanes extranjeros, pudieran prestar el servicio bajo un régimen más abierto y con tarifas máximas.
En rechazo a la medida, los prácticos —profesionales independientes que no integran un sindicato— dejaron de aceptar nuevos servicios, lo que provocó la paralización de la navegación comercial. Más de 140 buques permanecieron fondeados frente a los principales puertos argentinos, mientras algunas cargas comenzaron a desviarse hacia terminales de Uruguay y Brasil, lo que generó importantes sobrecostos para exportadores, importadores y compañías navieras.
Ante el agravamiento del conflicto, representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, empresas y profesionales del sector alcanzaron un principio de acuerdo que será elevado a consideración de la Presidencia de la Nación. La suspensión del decreto quedará vigente mientras una mesa intersectorial revise el contenido de la normativa y redacte un nuevo reglamento para la actividad.
El Gobierno sostuvo que el objetivo de la reforma era reducir el denominado «costo argentino» mediante una mayor competencia en un servicio considerado estratégico para la navegación. Según funcionarios, las tarifas del practicaje se encuentran entre las más elevadas de la región y el esquema vigente limita el ingreso de nuevos profesionales, restringiendo la oferta y encareciendo la operatoria portuaria.
Sin embargo, la estrategia oficial encontró resistencia tanto en los prácticos como en las propias navieras. Aunque el decreto habilitaba nuevas alternativas para la prestación del servicio, ninguna empresa optó por utilizarlas debido al riesgo operativo y a las posibles implicancias en materia de seguros marítimos.
Con el acuerdo alcanzado, volverá a regir el reglamento de practicaje de 1991 mientras avanzan las negociaciones para definir un nuevo marco regulatorio. Mientras tanto, la normalización del servicio permitirá reactivar el ingreso y salida de buques en los puertos del vecino país, luego de una de las mayores interrupciones de la actividad portuaria registradas en los últimos años.