El documento “El rumbo para el desarrollo pesquero del Uruguay”, elaborado por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), propone una transformación completa del sector pesquero nacional. Esto incluye cambios en la formación de trabajadores, la renovación de la flota, la gobernanza, el marco normativo, la infraestructura portuaria y la promoción del consumo de pescado.
Las cámaras presentaron este documento, al que accedió Altamar News, en un taller participativo organizado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). El taller tenía como objetivo recoger ideas para construir el Plan Nacional para el Desarrollo de la Pesca en Uruguay.
La propuesta busca que Uruguay no sea solo un país pesquero, sino que se convierta en un país marítimo. El documento argumenta que la pesca es un ecosistema que incluye buques industriales, embarcaciones artesanales, empresas de carga y descarga, transporte, almacenamiento en frío, proveedores marítimos, talleres, plantas de procesamiento y otros servicios.
Actualmente, el sector genera alrededor de 3.000 empleos directos y una cantidad similar de indirectos. Sin embargo, se estima que podría llegar a generar 10.000 empleos directos y aumentar las exportaciones de unos 100 millones de dólares anuales a 500 millones.
Principal base de operaciones pesqueras del Atlántico Sur
Uno de los objetivos planteados es convertir a Uruguay en la principal base de operaciones pesqueras del Atlántico Sur. También se busca tener una flota moderna que opere en aguas nacionales e internacionales y desarrollar una infraestructura portuaria adecuada a las necesidades de la actividad.
Además, se propone consolidar un clúster pesquero-naval, promover la investigación relacionada con la producción, contribuir a la soberanía sobre las aguas territoriales y al control de la Zona Económica Exclusiva. También se enfatiza la gestión sostenible de los recursos y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El documento destaca como prioridad el acceso de los trabajadores al sector y establece la necesidad de facilitar la formación y el ingreso de personal embarcado. Las medidas incluyen flexibilizar el acceso al permiso de embarque de grumete, eliminar restricciones sobre el porcentaje de grumetes a bordo, agilizar la reválida de patentes extranjeras y potenciar la formación profesional marítima a través de UTU, instituciones privadas, buques y muelles. También se sugiere crear certificados específicos para operadores y marineros de pequeños barcos comerciales que naveguen hasta 100 millas de la costa.
En el ámbito institucional, se recomienda la creación de un Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, con gobernanza público-privada y responsabilidades en investigación, promoción y diseño e implementación de políticas de manejo pesquero y acuícola. Este instituto debería contar, entre sus prioridades, con al menos un buque de investigación operativo y un programa para conocer el estado de los recursos pesqueros. A su vez, se plantea establecer un Servicio de Sanidad e Inspección Pesquera y Acuícola dependiente del nuevo organismo.
Cambios de jurisdicción y marco normativo
Otros aspectos del documento sugieren transferir la administración de la industria pesquera y acuícola al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y trasladar la Dirección de Marina Mercante al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
El trabajo también propone cambios en el marco normativo para facilitar el desarrollo de la actividad. Se sugiere reformar la Ley N.º 19.175 de 2013, que declara de interés general la conservación, investigación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos y ecosistemas. Esto incluye fortalecer los órganos consultivos de gestión pesquera, facilitar la sustitución de buques y la posibilidad de transferir permisos de pesca, así como establecer mecanismos de consulta con participación empresarial. Para el sector industrial, se proponen medidas para reducir costos energéticos y unificar en un 6% el régimen de devolución de tributos a las exportaciones del sector.
La infraestructura portuaria es otro tema central del documento. Se propone elaborar planes de mejora portuaria adaptados a las necesidades de los buques pesqueros de altura, mediana altura y artesanales. Esto busca optimizar los tiempos de descarga y aprovisionamiento y aumentar la disponibilidad de espacios para mantenimiento y reparación. Para el muelle pesquero de Capurro, se sugieren mejoras en las defensas, profundización del dragado, solución de problemas operativos durante marejadas y ampliación de espacios para buques de bandera nacional.
El documento también incluye medidas para aumentar el consumo de pescado en Uruguay mediante campañas de promoción, una feria anual y una estrategia de comunicación que destaque las especies locales, recetas y beneficios asociados a su consumo, especialmente en centros educativos. Además, se propone complementar la actividad pesquera con el turismo a través del desarrollo y promoción del turismo pesquero a bordo de buques y en muelles y plantas procesadoras.