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La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), solicitaron al Gobierno que suspenda en forma «inmediata» las actividades de prospección sísmica del buque «BGP Prospector» y se sancione a la empresa CGG Service por haber iniciado las operaciones antes de contar con la autorización correspondiente.

Agregaron que el sector pesquero nacional, así como diversas organizaciones sociales, se manifestó en contra de esta actividad en las audiencias públicas correspondientes y mediante recursos legales que buscan impedir esa actividad.

«Lamentamos profundamente que el Gobierno haya decidido ignorar nuestras voces», expresaron CIPU y CAPU en un comunicado.

Afirmaron que los mecanismos de compensación previstos son insuficientes y de difícil aplicación, además de exigir a las empresas pesqueras que demuestren y cuantifiquen sus pérdidas después de generado el daño, y en plazos muy acotados.

Ésto, agregaron, deja en evidencia una «postura favorable a las empresas multinacionales» que vienen a realizar estas actividades en la plataforma marítima uruguaya y contraria a los planteos del sector pesquero y la sociedad civil organizada.

Las empresas pesqueras manifestaron su «sorpresa» con la «celeridad del Gobierno para facilitar la prospección sísmica» que contrasta con la «lentitud burocrática  para resolver los problemas estructurales de la pesca».

Recursos legales

Anticiparon que antepondrán nuevos recursos ante la Justicia para impedir esta actividad, y si no lo logran, no descartan demandar al Estado por los supuestos daños ocasionados al sector.

En ese sentido, el presidente de CIPU, Juan Riva-Zucchelli manifestó el miércoles 11 a este portal que tras la campaña de relevamiento sísmico subacuático de 2012 los volúmenes de captura cayeron hasta 42%, además de la reducción del tamaño de los ejemplares, que comenzaron a recuperarse cinco años después.

CIPU y CAPU reiteraron que si la actividad de prospección sísmica es «inevitable», debería realizarse a partir de noviembre, finalizada la zafra de la pesca. Hasta entonces, propusieron establecer un ámbito de trabajo para redefinir mecanismos de compensación para toda la flota pesquera nacional y para minimizar los impactos ambientales, que al otorgar la autorización, no fue valorada en forma adecuada.